Los hechos violentos que caracterizaron la marcha estudiantil del jueves pasado, me dejan una gran preocupación por el futuro de miles de estudiantes que podrían perder el semestre si se agudiza la crisis universitaria, pero además, serias y profundas reflexiones cuyos destinatarios son los propios estudiantes, los padres de familia y de manera especial los partidos políticos de izquierda o algunas facciones de estos, que siguen malinterpretando el legítimo derecho a la protesta social.
Y es que no se puede pensar de otra manera acerca de grupos que abrogándose el derecho de oposición al Gobierno, deciden emprender, en medio de un reclamo estudiantil, acciones destructivas y criminales, con el único argumento de no estar de acuerdo con esta o aquella medida, olvidándose de los canales legales que permiten la Constitución y la Ley para hacer valer los derechos.
No sobra recordarle a esos violentos y en general a quienes por acción o por omisión vienen atizando ese tipo de protestas, que no es justo pretender que en cuestión de 30 días se resuelva un rezago de más de 30 años que afecta al sector universitario, no solamente desde el punto de vista presupuestal y financiero, sino también en lo que tiene que ver con la cobertura en cupos y en materia de calidad académica.
Pese a ello, vale la pena recordar las cifras del reciente acuerdo con el Gobierno Nacional, reveladas por el Presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) Jairo Torres, quien destacó que que las transferencias de la nación para las Universidades públicas crecerán en el 2019 al ritmo del Indice de Precios al Consumidor (IPC) más 3 puntos porcentuales y para el período comprendido entre el 2020 y el 2022 aumentarán el IPC más 4 puntos.
Sumado a lo anterior, a partir del año 2019 el Gobierno incorporará recursos de los excedentes de las cooperativas, establecidos en el Artículo 142 de la Reforma Tributaria del 2016, para fortalecer a la universidad pública. Tales recursos adicionales sumarían 1 billón de pesos.
La sumatoria de cifras equivale, según datos del Rector de la Universidad del Atlántico y miembro del SUE, Carlos Prasca Muñoz, a casi 3.5 billones de pesos para inversiones y funcionamiento en las Universidades públicas; evento que el Rector Prasca calificó como "algo que no se había dado en los últimos 26 años".
Estas cifras, lo mismo que el hecho particular de la Universidad del Atlántico, donde según lo revelado por el Rector Prasca, "entre el 48% y el 55% de los estudiantes que ingresarán en el año 2019, es decir, de 1.500 a 1.800 estudiantes, van a tener matricula gratuita, cancelada en un 100% por el Gobierno nacional y esos estudiantes, que tienen menos de 32 puntos en el SISBEN, van a tener entre $3.2 millones a 4 millones de pesos al año para su sostenimiento, lo que significa que estudiar hoy paga".
Tal como se puede leer en esas cifras no se puede decir que no hay voluntad por parte del actual gobierno para enjugar, al menos en parte, el gran atraso en que se ha sumido a la universidad pública, por factores diversos, de los que no escapa la corrupción.
Tampoco es menos cierto que los hechos violentos del jueves solamente perjudican al estudiantado, tal como lo afirma Jennifer Pedraza, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, quien asegura a conciencia que "esas acciones violentas y aisladas solamente le hacen daño al movimiento estudiantil".
Hoy, al menos unas 10 universidades, de las 32 que conforman el SUE, tienen suspendido el semestre, hecho que no es justo con los estudiantes ni con los padres de familia que ven en el futuro de sus hijos, graduados como profesionales, la redención de sus niveles de vida.
Ante esta preocupante realidad, convoco a los sectores universitarios a asumir su compromiso con la sociedad y con ellos mismos, que no es otro que volver a las aulas de estudio, no solamente para salvar el semestre sino para darle una lección de madurez y entereza a los agitadores violentos que quieren capitalizar su inconformidad con fines políticos que, en últimas, no mejoran y por el contrario empeoran la situación y el plan de vida de quienes aspiran a un mejor futuro. La revaluada estrategia de "agudizar las contradicciones" merece el mas rotundo rechazo con el regreso a clases en paz y con optimismo.
