La desilusión del emergente sector eólico nacional ante la falta de avance de los proyectos, la huida de inversionistas, la incertidumbre regulatoria y los retrasos en infraestructura se ha convertido en un síntoma evidente de una política energética que no avanza al ritmo que demanda el país. Enderezar este rumbo en 2026 será uno de los grandes desafíos del Gobierno y, al mismo tiempo, la oportunidad de demostrar que Colombia está lista para transformar su enorme potencial eólico en verdadero desarrollo.
Las cifras confirman el rezago. De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética, con corte al 31 de enero de 2025, los proyectos eólicos representan apenas el 5% del total de iniciativas renovables en el país. Hoy, 62 proyectos de generación eólica siguen en etapa de prescripción y, de todos los registrados, solo 13 continúan vigentes (12 onshore y uno offshore). En conjunto, apenas el 17,3% ha logrado avanzar a la fase de registro y evaluación (fase uno) o a la etapa de ejecución y puesta en marcha (fase dos), una proporción que evidencia la urgencia de destrabar procesos y acelerar la maduración del sector.
Desde hace más de dos años somos testigos de cómo proyectos eólicos clave, como Windpeshi en La Guajira, han abandonado el país ante los persistentes obstáculos en los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental. A pesar de los esfuerzos de los ministerios de Ambiente, Interior y Minas y Energía, así como de las autoridades competentes, las empresas y las comunidades, los avances para destrabar estos cuellos de botella han sido mínimos. El resultado es un sector que sigue enfrentando las mismas barreras que frenan su desarrollo y ponen en riesgo la confianza de futuros inversionistas.
La Primera Ronda Colombia Eólica Costa Afuera, realizada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fue otro termómetro del estado real del avance de la generación eólica. Contrario al discurso optimista del Gobierno, la recepción de una única oferta por parte de la empresa CI GMF Coöperatief U.A., filial del grupo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), demuestra que el mercado aún no percibe condiciones suficientemente estables para comprometer inversiones de gran escala en proyectos eólicos offshore.
Enderezar este rumbo implica dar un giro de 180 grados que le permita al país retornar a la senda del desarrollo del potencial eólico. En ese contexto, hace unos días el Gobierno expidió el Decreto 1186, que reglamenta la Licencia Ambiental Eólica con Diseño Optimizado (LAEólica), una herramienta para agilizar el licenciamiento de proyectos de generación eólica con capacidades entre 10 MW y 100 MW. Aunque es un decreto necesario para reducir la burocracia que empantana los proyectos renovables, sin una implementación rigurosa y acompañada de reformas profundas, voluntad política, capacidad institucional y seguimiento técnico estricto, podría convertirse en otro instrumento normativo bien intencionado que no impacta la realidad del despliegue renovable.
En estos momentos en los que prima la incertidumbre sobre la capacidad del país para satisfacer la creciente demanda energética, desarrollar el potencial eólico deja de ser una opción y se convierte en una necesidad estratégica. Hay que ponerse manos a la obra en este 2026, un año que será decisivo para la transformación del potencial renovable
Publicado en: Diario La República
