Impedir que se nos apague el país y que la crisis energética escale a escenarios tenebrosos debe ser una de las máximas prioridades del gobierno en este año. No se trata solo de evitar un eventual racionamiento, sino de asumir con asertividad, planeación y visión estratégica las riendas de un sector que por décadas ha sido pilar fundamental en el desarrollo económico y la estabilidad social de los colombianos.
La improvisación reinante en los últimos años nos tiene sobre una cuerda floja que amenaza con romperse, mientras el gobierno con continuas acrobacias mortales envía señales contradictorias y ambiguas que ensombrecen aún más el panorama. La ausencia de una política pública clara, sumada a la incertidumbre regulatoria y a un discurso que desestimula la inversión, ha debilitado la confianza de los actores del sector y su capacidad de respuesta ante las múltiples dificultades que enfrenta el sistema nacional.
El riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio de energía ha pasado de ser una posibilidad lejana a una amenaza latente, alimentada por agresivos eventos climáticos, las conocidas fallas estructurales del sistema, los retrasos de proyectos renovables y la agravada crisis financiera y operativa de empresas como Air-e, que se encuentra bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos desde 2024 y hoy simboliza el fracaso de una gestión negligente e improvisada del Estado.
Después de negarse a pagar la deuda que tiene la empresa Air-e con las generadoras y transmisoras de energía, la nueva propuesta del gobierno es la implementación de un cargo transitorio para que los usuarios del servicio de energía eléctrica del país, contribuyan al pago de la deuda que, a corte de diciembre del 2025, supera los $2,5 billones. La controversial propuesta que establece un recaudo de $8 por kilovatio/hora en el componente de restricciones, aunque impopular e incomoda parte de la premisa de evitar un apagón financiero en el sector que pueda terminar afectando la continuidad del servicio y la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Evidentemente, el gobierno ha fallado al no atender las advertencias y no actuar con los mecanismos que tiene a la mano como ordenador del gasto para acceder a créditos que puedan aminorar los problemas de liquidez de la empresa. Si bien es cuestionable su intervención y que después de comprometerse en asumir las obligaciones de Air-e con recursos públicos, ahora salga con esta medida que traslada la problemática a los usuarios, también es cierto que seguir de brazos cruzados tendrá consecuencias aún más graves. El costo de no hacer nada sería un inminente apagón. Sin embargo, es indispensable revisar con rigor jurídico esta propuesta de tal forma que no se vulneren principios fundamentales.
Para despejar y transformar el complejo panorama que vive el país en materia energética, el primer paso en firme debe ser saldar las deudas acumuladas y, al mismo tiempo, adoptar definiciones regulatorias completas, técnicas, coherentes y estables, que establezcan un horizonte claro y devuelvan la confianza al sector. Sin un rumbo definido y sin planeación de largo plazo, cualquier medida será insuficiente.
