El Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez, sorprendió al país esta semana al anunciarle al Director del INPEC, General Jorge Luis Ramírez Aragón y a la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, que habría que suspender las capturas en por lo menos 9 de los 32 Departamentos del país, debido al hacinamiento de reclusos en las “carceletas” de varias Unidades de Reacción Inmediata (URI).

La noticia corrió como reguero de pólvora debido a la gravedad que entraña semejante anuncio, más aún, teniendo en cuenta que provenía del Jefe del máximo ente acusador en Colombia, a lo que se le suma el inocultable impacto que tendría para la seguridad ciudadana la puesta en practica de tan preocupante advertencia.

En efecto, en las salas de paso o “carceletas” de las URI permanecen 1.023 personas pese a que la capacidad de esos sitios es de apenas 663, según la carta del Fiscal, en la que se refiere a 9 de los 32 Departamentos, entre ellos Atlántico, La Guajira, Nariño y Norte de Santander.

Pero a las afirmaciones que contiene la misiva del Fiscal se han sumado una serie de hechos que han venido caracterizando episódicamente a la justicia en nuestro país, como son las órdenes de libertad por vencimiento de términos, para reconocidos delincuentes que en ciudades como Barranquilla siembran el terror y controlan a comunidades enteras.

Según registros del mes de marzo del presente año, publicados en el Diario EL HERALDO, en solo 8 meses salieron 259 reos, tras la aplicación de medidas para combatir el hacinamiento en las cárceles colombianas; medidas que fueron dispuestas por la Ley 1760 del 6 de julio de 2015 (Artículo 137 numerales 4, 5 y 6), “Por medio de la cual se modificó parcialmente la Ley 906 de 2004 y la Ley 1786 de julio de 2016 “Por medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015”.

Sin embargo, según el registro de prensa, en aquel período 259 personas salieron en libertad por vencimiento de términos, pero 650 individuos fueron encarcelados, lo que en la indiscutible lógica de las matemáticas equivale a que aumentó el número de internos en las cárceles.

Así las cosas, observamos que el hacinamiento invocado por el Fiscal Nestor Humberto Martínez como una amenaza contra las órdenes de captura, en la lucha contra la delincuencia, y al mismo tiempo las normas legales establecidas para menguar el hacinamiento, se han convertido en una especie de círculo vicioso que encierra a dos obstáculos para la Justicia y el Orden en el país, como son el hacinamiento y el vencimiento de términos.

A ello le agregamos la falta de decisión del INPEC para la construcción de nuevas cárceles, pese a los anuncios realizados desde el año 2016; que en muchos casos han sido ahogados por el rechazo de las comunidades cercanas a los puntos escogidos para las construcciones de las denominadas megacárceles, mientras crece la población carcelaria y el hacinamiento que en la actualidad se calcula, en promedio, en un 54% según datos del INPEC.

Tales problemas, ligados con los presuntos actos de corrupción en la rama judicial, en todos sus niveles, ampliamente conocidos por la ciudadanía, nos muestran un panorama incierto para el control de la criminalidad en el país y una justicia inviable por las condiciones propias de su entorno y de algunos reductos de su aspecto interno.

Pese a todo ello sería ilógico e injusto vaticinar en tono trágico que como consecuencia de todo lo anterior podría resultar imposible cumplir con el mandato constitucional de velar por la vida, honra, bienes y demás derechos y libertades de los ciudadanos, ante una sociedad que espera todo lo contrario y que es víctima del temor que produce tan espantoso panorama.

Por eso considero en mi condición de Congresista, pero más como ciudadano, que ante este hecho que no hace distingos de ninguna clase, se impone el deber nacional y patriótico de avanzar en la dirección correcta, tanto el Gobierno como los partidos políticos y los ciudadanos, hacia una verdadera reforma a la justicia.

La consigna no puede ser otra que consolidar, mediante una reforma de fondo e integral, un sistema judicial que garantice la seguridad ciudadana y que vele por la resocialización de quienes han caído en las garras del delito. Una justicia ideal que no resultará imposible de lograr si nos ponemos de acuerdo, declinando cualquier condición partidista o ideológica, pensando en el bien de todos los colombianos.