En lugar de generar confianza, las decisiones regulatorias en el sector energético se están dirigiendo en un sentido contrario a la lógica técnica y al interés nacional. Justo en este momento, en el que el país necesita reforzar su seguridad energética y atraer nuevas inversiones al sector, con decisiones improvisadas, se están debilitando los cimientos del modelo de confiabilidad que ha evitado apagones durante décadas. Una amenaza directa para la seguridad energética de Colombia.

Las recientes decisiones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) despiertan incertidumbre y confusión en el sector. El anuncio de la Resolución 101 079 de 2025, que convoca la Subasta de Expansión para el periodo 2029-2030 que debió ser una señal positiva, pues implica nuevas oportunidades de inversión en capacidad de generación, se vio empañado con la publicación en paralelo del proyecto de resolución 701 100 de 2025, que modifica la remuneración de las plantas existentes, generando una profunda incertidumbre entre los agentes, así como nuevos cuestionamientos sobre la coherencia de la política regulatoria.

La propuesta plantea que a las plantas térmicas de gas natural y combustibles líquidos, responsables de garantizar el respaldo firme cuando el recurso hídrico escasea, se les pague una prima aproximada de 15,8 USD/MWh. Esto representa una reducción del 25 % frente al esquema actual. En contraste, a las plantas hidráulicas, que dependen de las lluvias y cuyo aporte a la confiabilidad es intermitente, se les asigna no solo esa misma prima, sino un pago adicional que supera los 6 USD/MWh. Es decir, se reduce la remuneración de quienes efectivamente aseguran que este país no se apague, y se premia a quienes menos confiabilidad garantizan. El mundo al revés.

La contradicción es aún más grave para las plantas existentes, que aportan el 95 % de la energía firme proyectada para el año 2029. La CREG las invita a participar en la subasta de expansión, pero al mismo tiempo pospone la definición del precio al que serán remuneradas. ¿Cómo esperar inversión y seguridad en el suministro bajo un esquema donde las reglas de juego cambian sobre la marcha? Esa incertidumbre no solo afecta a los inversionistas, también pone en riesgo la estabilidad del sistema y, en última instancia, el bienestar de los usuarios.

La situación se agrava porque las nuevas plantas que se instalen recibirán primas superiores, incluso por encima de aquellas que menos aportan a la confiabilidad. En vez de incentivar la inversión en proyectos sólidos, la señal regulatoria se distorsiona y abre la puerta a un desbalance en la planificación del sector eléctrico. El país no puede darse el lujo de improvisar con su seguridad energética.

Es necesario que la CREG revise la pertinencia de estas medidas y envíe un mensaje claro al mercado: Colombia necesita plantas que realmente aporten confiabilidad. Solo así podremos garantizar abundancia de generación, precios eficientes y un suministro eléctrico robusto frente a los retos del cambio climático y la creciente demanda.

La semana pasada, en el Foro ANDEG en Barranquilla, el llamado fue a invertir en generación. Esa invitación debe estar acompañada de una regulación que construya confianza, no que ponga piedras en el zapato. El peor escenario posible sería un país apagado por decisiones regulatorias equivocadas. Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.