El progresivo colapso institucional ha debilitado los cimientos del sistema energético nacional, amenazando la seguridad energética del país. Aunque desde hace unos años en el sector se evidencian profundas fisuras, la millonaria deuda del Gobierno con las generadoras eléctricas, la creciente escasez de gas y los retrasos en infraestructura han recrudecido la problemática, abriendo un gran boquete que tiene en jaque la sostenibilidad del sistema.
En Colombia, la restricción del servicio no será una casualidad, sino la consecuencia previsible de un Estado que ha dejado deteriorar los pilares de su sistema energético, fallando en su deber. Lo que algunos analistas califican como una “triple amenaza” —la deuda pública con el sector, la escasez de gas natural y los retrasos en los proyectos eléctricos— no es más que el síntoma visible de un desorden más profundo: el debilitamiento estructural de la institucionalidad energética del país.
A septiembre de 2025, el Gobierno nacional acumula deudas por 5,9 billones de pesos con empresas del sector energético, una cifra que no solo refleja la gravedad fiscal del momento, sino que representa una amenaza directa al funcionamiento del sistema eléctrico nacional. De ese monto, 2,1 billones de pesos corresponden a subsidios no girados, y más de 2 billones están concentrados en casos críticos como el de Air-e, una empresa intervenida por el Estado que, lejos de estabilizarse, se ha convertido en un riesgo sistémico. Estas obligaciones no son simples cifras contables: son la diferencia entre mantener la generación activa o tener plantas térmicas sin combustible.
Otro gran foco de preocupación nacional, es el alarmante panorama de escasez de gas natural. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ha advertido que para 2027 la producción nacional no cubrirá la demanda interna, y que solo el 70 % de la demanda proyectada tiene cobertura contractual. Esto nos conducirá a depender de importaciones costosas y volátiles, mientras el Estado aún no define una política clara de abastecimiento y mantiene la desconexión entre la planeación energética y las realidades del sistema productivo. Se sigue demostrando que la transición energética no puede construirse sobre la improvisación ni sobre enfoques ideológicos que ignoran el pragmatismo necesario para gestionar un recurso estratégico como el gas.
A ello se suma la ineficiencia institucional, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y de la UPME. De toda la capacidad de generación eléctrica planeada para 2028, apenas una cuarta parte se ha conectado, y en algunos proyectos de transmisión, los retrasos superan los seis años. Esa falta de liderazgo, desarticulación entre entidades, trabas regulatorias, inestabilidad jurídica, demora en las licencias y la limitada capacidad del Estado para gestionar conflictos en los territorios han sido las principales causas del precario desarrollo de infraestructura energética en los últimos años.
Nos encontramos al borde de un colapso energético en el que no existe opción distinta a una reconstrucción profunda de la institucionalidad del sector con una política de largo aliento que garantice reglas estables, fortalezca la CREG, mantenga el rigor en la planeación y la disciplina fiscal para honrar los compromisos con el sector. Urge recuperar la credibilidad institucional y garantizar la continuidad de uno de los sectores que sostiene el desarrollo económico del país.
Si el Estado no reacciona con visión y liderazgo, la energía —ese bien público esencial— se convertirá en el reflejo de nuestra fragilidad institucional. Está en juego el presente energético del país, y la estabilidad económica y social de los próximos años.
Publicado en: Diario La República
