La extensa lista de víctimas de minas antipersonal en el país sigue creciendo, los suelos en zonas afectadas por el conflicto armado vuelven a estar infestados por estos nefastos artefactos que han llenado de horror la historia de miles de familias colombianas. El retorno de las minas como estrategia de control territorial es una aterradora amenaza a la vida y la movilidad de miles de personas, especialmente en zonas rurales y territorios históricamente marginados, que demanda una respuesta integral del Estado.
Durante más de seis décadas hemos vivido en medio del conflicto armado, con los sonidos de las balas y los estruendos de las minas y bombas. Tristemente, han corrido ríos de sangre, sin distingo de estratos sociales, sin entender el amor filial ni comprender parentescos. Las consecuencias de las minas antipersonales han sido devastadoras a nivel humano, social, ambiental y económico. Una infamia que no hemos podido erradicar y que hoy sigue cobrando víctimas en poblaciones que en medio del conflicto intentan sobrevivir.
Según la Dirección para la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal, y a corte de febrero del 2025, 12.540 personas han sido víctimas por minas antipersonal o munición sin explotar en el país, de las cuales 7.434 de los afectados han sido miembros de la fuerza pública, mientras que 5.106 personas de la sociedad civil han sido víctimas de estas. Los 5 departamentos con mayor número de víctimas han sido Antioquia (2.676), Nariño (1.156), Meta (1.153), Norte de Santander (975) y Caquetá (955). El 98% de los atentados suceden en zonas rurales.
Durante el año 2023, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó sobre la detección de nuevas áreas contaminadas con minas antipersonal, en municipios antes considerados libres de estos dispositivos. Esta persistencia refleja no solo la complejidad del conflicto armado colombiano, sino también las limitaciones estructurales en la implementación de los acuerdos de paz, los avances de la Paz Total y la presencia efectiva del Estado en zonas rurales.
La semana pasada, los medios de comunicación registraron el doloroso fallecimiento de dos adolescentes de 15 y 17 años, quienes murieron al pisar una mina antipersona en la vereda Tacamocho, sector Alto del Zapatillo, en el municipio de Anorí, ubicado en el Nordeste de Antioquia, Colombia. Una historia de horror que sigue cegando sin contemplaciones, la vida de inocentes hombres, mujeres, adolescentes y niños.
A pesar de los avances en los procesos de desminado humanitario, las acciones siguen siendo insuficientes. La situación humanitaria que se vive en municipios del país que se encuentran atrapados entre la violencia de los grupos armados y la ausencia del Estado, es crítica. Urge un compromiso institucional para que se ataquen las raíces del conflicto, se avance en las acciones de limpieza de minas y que ningún niño, adolescente, hombre o mujer colombiano vuelva a sufrir el flagelo de pisar una mina. Que se puedan dar pasos seguros en todos los rincones de Colombia.
Aprovecho estas líneas para repudiar el atentado contra nuestro compañero y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El pasado fin de semana el país no sólo vivió un acto cobarde y violento, sino también una agresión directa contra la democracia, que nos convoca a unirnos por el respeto por la vida, el disenso y el derecho a ejercer la política en libertad. Oramos fervientemente por la pronta recuperación del senador Uribe, y rodeamos a toda su familia, sus amigos y equipo de trabajo en un abrazo de fe y esperanza.
