Millones de interrogantes lanzados esta semana desde el Caribe Colombiano al Gobierno se podrían conjugar en una sola pregunta: ¿La solución de los problemas de Electricaribe será aumentarle la tarifa a los usuarios?.
Para aclarar muchas dudas que tenemos al respecto, este miércoles hemos citado a un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado a la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez Londoño; a la Superintendente de Servicios Públicos (e), María Paula Jaramillo Restrepo y al Interventor de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo para que entre otras cosas nos expliquen las medidas que se planean adoptar para evitar que ocurra un apagón en la región Caribe y también, para que se comprometan a no incrementar las tarifas del servicio de energía.
En la Costa no estamos dispuestos a que se nos realice incremento alguno en el valor del kilovatio, no vamos a permitir que se nos sigan vulnerando nuestros derechos por la mala prestación de un servicio público, la obligación del Estado es respondernos de manera acertada, no sumarnos cargas más pesadas.
No está demás recodar algunos datos que nos ha dejado el pésimo servicio que hemos tenido que soportar por años. Según registros del 24 de julio de 2015 en el Diario El Heraldo de Barranquilla, un informe de Electricaribe en 2014 reseñaba que en promedio sus suscriptores estuvieron 83,5 horas sin el servicio de energía durante ese año, debido a fallas del sistema. Esa cifra casi quintuplica la media nacional que en esa misma vigencia estuvo en 17,27 horas sin servicio en todo el país, según un estudio contratado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
En el 2015 un diagnóstico elaborado por la Superintendencia de Servicios Públicos, divulgado el 13 de marzo de 2016 en el mismo periódico barranquillero, evidenció que desde el punto de vista particular “Cada usuario de Electricaribe en Montería sufrió durante el año pasado (2015) un promedio de 111,15 interrupciones del servicio de energía, con una duración acumulada de 144,85 horas, lo que ubica a esta capital como la ciudad de la Costa Caribe que tiene en promedio la mayor frecuencia y duración de interrupciones del servicio por usuario”. En el plano general ese mismo estudio reveló que “en el ranking nacional de los 10 departamentos con mayor discontinuidad del servicio de energía hay 6 de los 7 que atiende Electricaribe: Son ellos -además de Córdoba– Sucre, La Guajira, Cesar, Magdalena y Bolívar”.
El 23 de mayo de 2017 el Diario El Universal de Cartagena reiteró lo ocurrido en años anteriores con el mal servicio de Electricaribe. En esta oportunidad se confirmó el mismo panorama mediante un estudio que hizo en 2016 la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos para medir la calidad de la energía en el país. El resultado del estudio mostró algo que se ha vuelto costumbre en la región, porque la medición indicó que en la Costa hubo en el 2016 un total de 96 interrupciones del servicio por suscriptor, lo que significa que cada familia sufrió en promedio cuatro días sin suministro de energía. Tal cifra casi triplica el promedio nacional de interrupciones que en ese mismo período fue de 38 horas acumuladas al año por usuario.
Sin conocer aún los datos del 2017, pero fundamentados en los reclamos y las protestas casi que diarias de los indignados usuarios de Electricaribe, vemos que hoy el panorama se torna aún más incierto, tras la quejumbrosa declaración del Gerente interventor de Electricaribe, Javier Lastra, quien reveló las débiles condiciones de supervivencia de esa empresa, hecho que confirma el incremento de las fallas en el servicio.
Según los apuntes de Lastra Fuscaldo, en tres oportunidades el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) recomendó asignar recursos para Electricaribe, avalados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero al final, con corte a 7 de agosto de 2018, de los $1.4 billones asignados, Electricaribe cuenta apenas con $122.000 millones en garantías, es decir menos del 10% de lo prometido.
A ello se agrega una nube de incertidumbres derivadas de los problemas de tipo financiero, legal y judicial, que arrastra Electricaribe y que tienen postrado el servicio, a tal punto que se teme un apagón, porque ni los bancos ni los proveedores cuentan con garantías ciertas para confiarle créditos; menos aún, sin saber cuales son las opciones que tiene hacia el futuro Electricaribe, empantanada en un pleito entre su casa matriz en España y el Estado colombiano, debido a su intervención.
Sobre las perspectivas de Electricaribe, por ahora solo se sabe que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) contrató a las firmas Brigard & Urrutia y Lazard para realizar un informe de intervención para estructurar su venta, el que arrojó como resultado un plan de inversión a 10 años que tendrá que asumir el comprador de la red de servicio, el cual suma $7,1 billones para destinarlos en un 55% a gestión de calidad y un 40% a gestión de pérdidas.
Dicho plan estima que se disminuirían en un 70% las horas de interrupción del servicio durante el año para las zonas urbanas y semiurbanas, en la Costa Atlántica, las que se ubicarían en un 30% por debajo del promedio de calidad del resto del país.
Ante ese panorama, lleno de víctimas y de múltiples culpables, hoy podemos concluir; antes de conocer las respuestas a nuestras preguntas en el debate que realizaremos este miércoles 15 de agosto, que para Electricaribe se imponen soluciones urgentes, pero sanas y viables, que no le causen mas perjuicios al usuario, en el entendido de que si no hay quien responda por lo ocurrido que al menos no nos sigan castigando.
