Los ataques en cadena al agente interventor de Air-e, el ingeniero Carlos Diago, suscitados tras el anuncio de la suspensión del recaudo de los impuestos de vigilancia y seguridad, alumbrado público y aseo del recibo de energía, resultan injustos. Abrir un debate reposado en torno a esta medida es fundamental, aquí debe existir transparencia y como prioridad, la protección a los usuarios. Lo razonable es depurar los recibos públicos. Esto debe pasar, tarde o temprano.
 
Abandonado hasta por el propio Superintendente de Servicios Públicos Dagoberto Quiroga, el interventor siguió defendiendo su propuesta, que si se analiza con detenimiento y conocimiento del sector, es adecuada para combatir el bajo recaudo, una de las principales problemáticas que se presenta en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde opera Aire-e. De ahí que la empresa, antes de la intervención, buscara activar los periodos de cortes de energía por incumplimiento en el pago de las facturas, en distintos sectores de los tres departamentos.
 
La propuesta de eliminar los cobros de terceros en el recibo de Air-e, se traduce en una reducción inmediata de hasta un 30% en las facturas. Actualmente, la empresa comercializadora está recaudando cobros que no corresponden en absoluto a la tarifa de energía, como los impuestos de vigilancia, seguridad y aseo. En el caso del alumbrado público se debe revisar con lupa el pago que se realiza, para que se garantice una tarifa justa para los usuarios. Que cada quien asuma sus recaudos; la Gobernación la tasa de seguridad y la empresa Triple A el aseo.
 
En la defensa al cobro de terceros, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, calificó la medida como precipitada y aseguró que afectará la financiación de servicios esenciales, como la seguridad del departamento. Como muchos otros más, se fueron lanza en ristre contra el agente interventor. El rechazo a la medida desconoce la magnitud del problema que tenemos en la Costa Caribe. Si bien estamos de acuerdo que resulta inconveniente una suspensión inmediata de este recaudo, es irrefutable que esta es una de las medidas elementales para lograr una reducción en las tarifas de servicios públicos. Se debe establecer un tiempo prudente para que los terceros busquen nuevos mecanismos de cobro.
 

Hay que debatir a profundidad la propuesta del Ministerio de Minas y Energía, que busca reglamentar el cobro de terceros en la factura eléctrica. No solo se trata de la energía, también otros recibos de servicios públicos como el gas natural arrastran cobros hasta de electrodomésticos, lo que termina dificultando su recaudo. La defensa de intereses privados no puede atentar contra el derecho de los usuarios.

Mi apoyo total al Ingeniero Carlos Diago, quien con un valiente liderazgo está frente a la crisis de la empresa Air-e. Somos testigos de sus esfuerzos para evitar un apagón masivo en el Atlántico, Magdalena y La Guajira, no podemos estar en mejores manos. Hago un llamado al cese de ataques y al consenso, desde todos los sectores, este es un tema que merece un debate a conciencia y como eje central la defensa de los usuarios.

Publicado en:La República