Las dificultades que atraviesa la industria gasífera nacional no cesan, además de la insistente negativa por parte del Gobierno de conceder licencias para explorar nuevos yacimientos, la talanquera ahora está puesta en grandes proyectos offshore que son estratégicos para garantizar la soberanía energética del país. El polémico fallo judicial que ordenó la suspensión de la actividad exploratoria en el pozo Uchuva 2, ubicado en el Bloque Tayrona en aguas profundas frente a la Costa Caribe colombiana, marca un delicado precedente que genera nuevas preocupaciones en el sector.
Si bien la decisión judicial, obedece a una tutela que cuestiona la falta de consulta previa, requisito en este tipo de proyectos, las entidades responsables, entre ellas la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio del Interior, las capitanías de puerto de Santa Marta y Riohacha, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) y la Dirección General Marítima, certificaron la no presencia de comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto, por lo que no se habría vulnerado el derecho de ninguna comunidad.
Los riesgos operacionales de dicha decisión podrían dejar en jaque a la emergente industria y afectar las finanzas de Ecopetrol, que tiene una participación del 55,6% en el bloque Tayrona, además de enturbiar el panorama de los otros proyectos y el futuro de la exploración costa afuera. Como poco ha sucedido en estos dos años, el fallo de tutela ha puesto de acuerdo al Gobierno Nacional y al sector de hidrocarburos, quienes coinciden en la urgencia de revertir los efectos de la decisión del distrito judicial de Santa Marta, a través de recursos judiciales.
En la contrarreloj que corremos ante la proximidad de un eventual déficit en las reservas de gas, que se prevé afrontará Colombia desde el 2025, la suspensión de la actividad en Uchuva 2 es una baja inquietante. Este pozo marino se encuentra dentro de la estrategia y hoja de ruta que ha trazado Ecopetrol para garantizar el abastecimiento de gas natural en Colombia, de ahí su relevancia y las graves implicaciones que tiene su interrupción en el mediano y largo plazo para el país.
La mala racha por la que atraviesa la industria offshore, en su despegue, con la suspensión de estratégicos proyectos como son Uchuva 2 y Komodo-1, cuyo trámite de licencia ambiental también se encuentra pausado por solicitud de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, debe servir para que el Gobierno abra los ojos, reaccione y actúe de manera coherente ante las dificultades que se están presentando con estos proyectos que buscan aumentar las reservas de petróleo y gas costa afuera.
Sin los contratos necesarios para cubrir la totalidad del suministro interno de gas natural para el próximo año, las reservas agotándose, la demanda aumentando, y los pocos proyectos en proceso de desarrollo, frenados, estaremos abocados a una inminente pérdida de la soberanía y la seguridad energética. No estamos para malgastar el tiempo que no tenemos, permitiendo trabas injustificadas a los proyectos, urge incrementar la oferta local de gas, que el Gobierno reactive la exploración y producción de hidrocarburos.
Publicado en: La República
