Encontrar la salida a la crisis energética que afecta a la Costa Caribe se ha convertido en la asignatura pendiente de los últimos gobiernos, y tal parece que este no será la excepción. Luego de extensas e infructuosas reuniones y múltiples anuncios estériles, nos volvemos a situar frente a un ejecutivo poco dispuesto a intervenir directamente en el mercado energético para lograr una reducción significativa en las tarifas.

El sinsabor que quedó en el ambiente, luego de la reunión de hace ocho días con las empresas generadoras y comercializadoras, por los blandos compromisos adquiridos, nos recuerda aquel pacto por la Justicia Tarifaria liderado por la entonces Ministra Irene Vélez, que resultó en una disminución paupérrima desapercibida para los usuarios.

La mayor contradicción llegó esta misma semana con un precio de energía en bolsa trepado en $640 kWh, un absurdo teniendo en cuenta que hace un mes el precio se encontraba en $121 kWh, más de 500 pesos de incremento, a pesar de que los embalses están al 61-70% de su capacidad. Mientras tanto, las empresas generadoras y las comercializadoras Air-e y Afinia decían encontrarse en la renegociación de los contratos de compra-venta de energía.

Entonces el gobierno nos vuelve a dejar a merced de los comercializadores que han aprovechado el régimen transitorio especial para añadirle nuevos cobros a los usuarios, y de los generadores hidráulicos que apelan a la incertidumbre para aumentar los precios de la energía en bolsa de manera exagerada e injusta, aún cuando los niveles de los embalses son favorables. Son décadas las que llevan lucrándose a través del manejo sesgado de las reservas hídricas y la manipulación del mercado, con precios que exagerados. Permisividad a la que el Gobierno debe ponerle fin.

Esa falta de actuación del ejecutivo en el tema tarifario, le está pasando una alta factura a la región Caribe. Se siguen lavando las manos culpando a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), cuando la inoperancia de la misma ha sido a causa de la demora en los nombramientos por parte del Presidente Petro. Llevamos tiempo solicitándole al Gobierno que entregue soluciones inmediatas; emitiendo decretos, metiéndose la mano en el bolsillo y pagando la millonaria deuda que tiene con las empresas comercializadoras por concepto de opción tarifaria, pero nada se hace.

En la reunión de la Bancada Caribe, esta semana en el Congreso, hablamos de manera clara con los operadores hidráulicos, y su responsabilidad en el aumento de las tarifas de energía. A través de la manipulación de la bolsa y el valor del kilovatio hora han recibido más de 62 billones de pesos por concepto de cargo por confiabilidad, y más 13 billones de pesos en utilidades, enriqueciéndose a costa de los colombianos. Fuimos enfáticos en que es necesario que hagan sus aportes, si no acudiremos a medidas drásticas como quitarle el cargo a todas las hidráulicas de más de 20 y 30 años y redireccionarlo solo a proyectos nuevos. Si todos los actores del sector energético no ponen de su parte para solucionar la crisis energética, poco será lo que se logre en la reducción de las tarifas.

Hacemos votos para que estas reuniones sumen voluntades reales que conlleven soluciones estructurales que tanto se necesitan, y que no terminen siendo otro pañito de agua tibia.