El nuevo incremento en las tarifas de los peajes, registrado desde este 1 de agosto, reabre el debate sobre las consecutivas improvisaciones del gobierno frente al tema de las casetas, y las nefastas consecuencias que tendrá sobre la economía de las familias colombianas. La falta de claridad y socialización con la que los ministerios de Hacienda y Transporte, desde el año pasado, vienen manejando la actualización de las tarifas, añade un mayor rechazo de los ciudadanos y el gremio de los transportadores.
Este segundo incremento del 4,64%, que se suma al aumento del 13,12%, realizado a principio de año, en los peajes que hacen parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invias), intensifica la preocupación por el impacto negativo que tendrá la medida en el precio de los bienes y servicios, particularmente, en los alimentos de la canasta básica familiar. Lo más grave es que este no será el último incremento del 2024, antes de finalizar el año, el gobierno tiene planeado otro ajuste por encima del 4%.
Ha faltado creatividad en la búsqueda de alternativas para el problema del déficit en los peajes. Si bien se necesitan soluciones para atender el millonario déficit, que existe por la decisión del gobierno de frenar la subida de los precios durante 2023, trasladarle la carga de manera directa a los usuarios, es un grave error, sobre todo teniendo en cuenta que no se ha revisado la actualización de las tarifas, de acuerdo al cumplimiento de los compromisos de cada consorcio, con el mantenimiento y la operación de las vías. Una acción mínima para devolver la confianza a los usuarios.
El fuerte rechazo que generan los peajes, radica en el excesivo número de casetas que existe en el país, muchas de las cuales transgreden todo parámetro técnico, al incumplir la distancia mínima requerida, además de presentar un deplorado estado en la malla vial. En las vías de Colombia hay 180 casetas, una cifra que nos ubica entre los países con más peajes del mundo, que además se caracterizan por sus altos costos. Solo para dar un ejemplo, con este último incremento, los más costosos quedaron entre los 31.000 y 19.000 pesos.
Pedimos al gobierno Nacional no seguir improvisando con las medidas de los peajes, exigimos decisiones técnicas, estudiadas, que ayuden a resolver los problemas, no que causen uno mayor, como es el caso. Ahora tenemos un gravamen alto, con costos operativos acumulados, que recaerán como siempre sobre los colombianos.
Reconocemos el gran aporte que ha realizado el modelo de concesiones con la modernización de la infraestructura vial, y que esto no sería posible sin la financiación, mantenimiento, operación y construcción de diferentes casetas en todo el territorio nacional. En lo que no estamos de acuerdo es en que se continúe afectando el bolsillo de los colombianos con aumentos desproporcionados y arbitrarios en las tarifas de peajes. No se justifica el desarrollo de la infraestructura vial a costa del deterioro de las condiciones socioeconómicas de los colombianos.
