Con la soberanía energética del país en inminente riesgo, a causa de las decisiones de Gobierno en materia de explotación de hidrocarburos, se agota el tiempo para redireccionar la política con medidas encaminadas a asegurar el suministro de petróleo y gas en el corto, mediano y largo plazo. La reactivación y preservación del sector es la salida a la actual crisis y la vía más segura para avanzar hacia una transición responsable, que garantice la seguridad y soberanía energética de Colombia.

Con una transición energética a paso lento por las dificultades en las licencias, procesos y trámites, además de otros factores, que dan cuenta de las múltiples demoras que tiene el tránsito a las renovables y en consecuencia lo precipitado que resulta prescindir de manera abrupta de las fuentes fósiles para lanzarse de cabeza a una política, que todavía carece de madurez para liderar el sector energético, resulta absolutamente inadecuado abandonar la industria de los hidrocarburos. En estos momentos no tenemos un sector renovable robustecido que sea capaz de suplir las necesidades energéticas del país, no hay forma de sustituir, de manera inmediata, unas fuentes por otras. Este es un proceso que tardará varias décadas.

A pocos días de cumplirse dos años del actual Gobierno, aún no contamos con una hoja de ruta que defina el plan con el que se va a abordar la transición en el mediano y largo plazo. ¿Cómo se puede avanzar si no se tiene claridad de hacia dónde se va?. Mientras tanto, continúan cayendo las reservas de petróleo y gas. Nos enfrentamos a una vertiginosa reducción en la producción de hidrocarburos, un sector que con el enorme peso que tiene en el PIB nacional, es la principal fuente de ingresos fiscales en Colombia.

El futuro de los hidrocarburos, especialmente del gas natural, se torna cada día más incierto, dejando un manto de dudas sobre la soberanía energética de Colombia. Aunque los nuevos descubrimientos de gas natural offshore siguen confirmando el gran potencial gasífero de Colombia, no se está avanzando lo suficientemente rápido para multiplicar las reservas. De nada sirven estos hallazgos, si no se amplía el rango de exploración para nuevos descubrimientos, se refuerza la actividad exploratoria, se invierte en sísmica, se logra la coordinación de las entidades gubernamentales involucradas en los procesos de trámites ambientales y se trabaja por garantizar las condiciones para el desarrollo responsable y sostenible de estos nuevos recursos. En conclusión, de nada sirve, si no hay voluntad política.

El paso hacia las energías limpias no tiene por qué realizarse a costa del debilitamiento de la industria petrolera, es posible y correcto, hacer el tránsito a las renovables sin poner en riesgo la confiabilidad del sistema y la soberanía energética. Para ello, es determinante actualizar y flexibilizar las reglas de juego de la industria petrolera, se necesita agilizar los permisos para desarrollar oportunamente los recursos, principalmente los offshore, y destrabar los más de 18 proyectos de gas que se encuentran enredados. Hay que exigirle a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, el cumplimiento de su función exploratoria en los términos misionales establecidos. El gobierno tiene que enfocarse en salvaguardar nuestra soberanía energética.