Cada ministerio del gobierno es creado con objetivos y funciones especificas que deben ser cumplidas sin excepción alguna, cuando no existe un desempeño acertado de dichas labores, hay una responsabilidad política que debe ser asumida.

Esta semana hemos conocido el caso de los ministros del Interior y de Defensa del Ecuador, César Navas y Patricio Zambrano, quienes renunciaron al cumplirse el plazo de diez días que el presidente Lenin Moreno había dado a las fuerzas estatales para la captura de alias “Guacho”, el jefe del grupo disidente de las Farc en la frontera con Colombia, culpable de la muerte de siete personas (cuatro militares de la Marina y tres enviados especiales del diario El Comercio), y de otros hechos terroristas.

Es una manera interesante, la que utiliza el gobierno del Ecuador para establecer responsabilidades políticas y administrativas en los altos cargos cuando no hay efectividad en las obligaciones. César Navas entonces Ministro de Defensa fue errático en la presentación de los hechos a principios de abril, creando confusiones acerca de si estaban en marcha negociaciones para la liberación, errores que la opinión pública reclamó con indignación, en el caso de los periodistas ecuatorianos. Por su parte Patricio Zambrano, Ministro de Defensa, dijo que no estuvo bajo su directa responsabilidad el manejo de la situación sino en el grupo antisecuestro de la Policía que no depende funcionalmente de su despacho. Respuestas que el presidente Lenin Moreno recibió como excusas.

Este acontecimiento refleja una decisión política del presidente ecuatoriano de enviar un mensaje claro de efectividad frente a un conflicto sin antecedentes en su país, que no ha padecido los rigores del terrorismo con asesinatos, secuestros, destrucción de poblaciones y otros hechos comunes en la historia reciente de Colombia por parte de la guerrilla o las autodefensas.

Hay voces ecuatorianas que están señalando que la decisión presidencial de sacrificar sus dos ministros alienta el terrorismo pero el nombramiento del General Oswaldo Jarrin en Defensa da una señal de firmeza en una posición que antes ha sido ocupada por civiles. Se estima que la experiencia militar del nuevo ministro debe producir mejores resultados en lo operativo. Ecuador no quiere que se repita en su territorio la horrible experiencia colombiana.

¿Sirve la actuación de Moreno de ejemplo a Colombia? No solo en seguridad han habido fallas muy notorias en la gestión de los ministros y otros funcionarios de nivel superior, sino que tampoco se han tomado las acciones de rigor para crear una cultura del cumplimiento de los objetivos del Estado.

Además, no hemos podido darle eficacia a la moción de censura establecida en la Constitución en ejercicio del control político.

Esta moción de censura, según los estudios académicos, es un evento poco probable por la combinación de factores institucionales y a una configuración del poder político que ha sido favorable al Ejecutivo. Se ha comprobado que elementos como el tamaño de la coalición de gobierno, el tipo de mayoría requerida para aprobar una moción de censura, el poder del Presidente para nombrar y remover a sus ministros y el poder partidista de los miembros del gabinete explican que en el Congreso este proceso no tenga efectividad.

En Colombia hemos visto que cuando el funcionario objeto de la censura corre riesgo, se produce la renuncia y se abandona el debate. Lo que queda como hecho cierto en la opinión es que da lo mismo si los altos funcionarios son eficientes o responsables en el ejercicio de sus funciones o no lo son.

Las causas que han motivado que la moción de censura no culminen en destitución pueden variar dependiendo de quién gane la Presidencia de la República y sus relaciones con los partidos y el Congreso. Petro genera más inestabilidad política, Vargas y Duque tienen mejores ambientes para constituir mayorías. Además, sus políticas tienen más aceptación parlamentaria.

En Colombia tenemos que ganar efectividad por parte del gobierno en el cumplimiento de sus fines y mensajes, debemos aprender del caso de Ecuador que nos da un ejemplo firme y claro. No se trata de castigar a inocentes sino de responsabilidad política y administrativa frente a los fracasos.