Cuando hablamos de desarrollo en el Caribe colombiano la discusión ya no suele ser si el cambio se está dando, lo que se da como un hecho, sino sobre su velocidad frente a las necesidades y aspiraciones.

Nuestro crecimiento y su impacto en los consumos y en las transformaciones de vida es definitivamente muy lento. No hay acumulación de riqueza, pues el PIB regional sigue estancado por más de 20 años en un 15% de la suma nacional.

Hemos señalado, como producto de las investigaciones autorizadas, que si sigue la inercia actual en el crecimiento comparativo de la región sobre el nacional, que es ligeramente superior al primero en los últimos años, se requerirían más de 150 años para que se dé una cifra similar en el ingreso entre un costeño y un colombiano. Eso es demasiado tiempo. Sería inaudito que sigamos permitiendo esa afrenta. La disparidad del desarrollo de las regiones en Colombia es inadmisible ya.

Por eso el reto de nuestra generación en el Caribe es aumentar la velocidad del desarrollo sobre la base de que las luchas libradas por nuestros antecesores, entre los cuales estuvo mi padre como líder de la bancada costeña, y nosotros en varios años, a veces en armonía con el empresariado, se han obtenido avances importantes. Están, entre estos avances, un modelo económico que es más favorable que el que teníamos hace 40 años, de sustitución de importaciones que concentraron el desarrollo en el interior del país, y decisiones de política sobre pobreza y desigualdad plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo vigente que requieren profundización para que se cumplan las metas de eliminar la miseria en el Caribe en 2024 y reducir mucho más la pobreza. Igualmente, una gestión más productiva frente a los indicadores de desigualdad.

Está comprobado que tenemos potencial en suficiente cantidad y variedad. Desde finales de los ochenta, cuando empezó a ser reconocido y medido, la tarea que no se ha cumplido ha sido la de transformar ese potencial en desarrollo efectivo.

De manera que entrada de lleno la campaña presidencial, a 50 días para la primera vuelta, el debate tiene que darse alrededor de compromisos medibles acerca de las prioridades y los tiempos para que se cumplan políticas y proyectos que aceleren el crecimiento y el bienestar de los habitantes de los ocho departamentos del Caribe, como conjunto y en sus subregiones.

Y que se cumplan, insisto, con la velocidad que las necesidades demandan. Por ejemplo, frente a las situaciones trágicas que vive La Guajira en materia humanitaria. Desde luego, también sobre proyectos que han constituido fracasos recientes, como la transformación de Electricaribe y la navegabilidad del río Magdalena, que, por su demora en la ejecución de éste proyectos, ha levado a un estado de emergencia el sistema portuario barranquillero en la semana pasada y paralizada la expansión del transporte multimodal nacional con pérdida de confianza y baja productividad.

Si, como ha sido comprobado en la historia, el voto de la región Caribe ha sido determinante para otorgar poder presidencial, lo lógico es que este lo tramitemos y lo depositemos hacia quienes ofrezcan confiables garantías de aceptación de nuestras disparidades y sobre esa aceptación asuma los compromisos. Es lo justo.

Lo requerimos en, al menos, las siguientes áreas estratégicas: desarrollo humano, con énfasis en educación; infraestructura para la competitividad, e institucionalidad regional y local.

El meollo de la cuestión son los recursos con las diversas fuentes presupuestales, incluyendo, desde luego, las territoriales con mejor gestión pública. Hay una deuda acumulada desde el siglo pasado en infraestructura vial, que se construyó para el interior del país con fondos de la nación mientras se ignoraron las demandas de esta región. Ahora se intenta reparar el rezago pero con financiación desde el territorio. Un trato aberrante por lo desigual. Igualmente ocurrió en electricidad, que se expandió a través de Corelca con base en una sobretasa que pagamos los usuarios.

Es la misma política desequilibrante que se aplicó cuando hubo remanentes por bonanza cafetera, que se dijo era de los cafeteros, y se aplico para su desarrollo, mientras que los déficits de la industria han sido resarcidos por toda la nación en algunos momentos de la historia. Trato diferente le dio la nación a los excedentes por explotaciones de carbón, cuyas regalías se distribuyeron para todo el país mientras que a las subregiones productoras de La Guajira y Cesar les quedan críticas situaciones sociales e incapacidad transformativa de su riqueza natural.

Nos han dado trato inferior que a colonias.

Por eso cambiar la velocidad del desarrollo, y comprometer en serio los recursos para ello, es la acción del ahora, tras cien años de estar pidiéndole a la nación un auténtico diálogo con la región para constituir un pacto que haga justicia y que no hemos logrado concretar.

El 12 de enero de 2019 se cumplen cien años de la reunión en Barranquilla de la Liga Costeña. Creo, entonces, llegado el momento para un salto cualitativo y que se concrete en políticas y recursos verificables para alcanzar el mismo nivel de desarrollo que tiene el resto del país, cerrando las brechas establecidas en los diagnósticos, empezando con alimentos y agua, salud, educación, vivienda y empleo.

Como no se han cumplido las metas en pobreza en el Caribe, esta debe seguir siendo la prioridad del nuevo Plan de Desarrollo. No hay que variar el objetivo hasta cuando no se cumpla. Eso es justicia social. Lograrlo con crecimiento de la economía, que es lo que le hace estable, impone decisión para la infraestructura vial, portuaria, comunicaciones y electricidad. El listado de proyectos viene desde el siglo pasado y es necesaria su actualización frente a las dinámicas internacionales de irrupción tecnológica y la innovación.

Adicionalmente, es preciso que enfrentemos el problema de una producción regional poco inclusiva porque depende de la minería, que requiere alta tecnificación y equipos, y la ganadería. Sectores como el turismo y la agricultura han demostrado potencialidades que tienen que ser atendidas con suficiencia y recursos para que sean en verdad aprovechables y no simplemente deseos sin acción. Con el comercio y la manufactura están llamadas a jalonar nuestro crecimiento y la oferta exportable con valor agregado.

Soy optimista. Aumentar la celeridad para el desarrollo del Caribe a partir de que ya se tienen manifestaciones de voluntad política tras unas reclamaciones que tienen largo tiempo de lucha o abogacía, poniendo el énfasis en la pobreza y el aprovechamiento en serio de las potencialidades económicas y culturales, requiere mejor coordinación entre políticos, empresarios y sociedad civil en los ocho departamentos, además de la voluntad del poder central a constituir. Por eso es importante lo que podamos hacer en el órgano de integración y desarrollo regional, que es actualmente la Región Administrativa y de Planificación (RAP). Estamos frente a un ente que se juega el destino de la integración orgánica si demuestra efectividad en lo misional que la ley le autoriza.

Mi optimismo se reafirma en el diálogo con los empresarios. Tenemos que unirnos más. Solo así será posible y fructífero el diálogo que la región le ha propuesto a la nación desde hace un siglo y que en la fase que viene tiene como objetivo acelerar la velocidad del desarrollo integral de la región Caribe con la agenda que corresponde a la época, que es el paso del acuerdo para la paz a la transformación de vida. Vamos ahora por la transformación de vida. Aceleremos el paso.