Las ampollas que llevan levantando desde hace 11 meses, las alzas consecutivas en el precio de la gasolina amenazan con reventar. Con los últimos movimientos del Gobierno Nacional, que han ido desde el nuevo aumento de $400 del combustible, la configuración de una tarifa diferencial para los taxistas y la confirmación del congelamiento del precio del diésel, han aumentado las críticas y la insatisfacción popular por las flexibilidades que se ha mantenido con ciertos sectores, debido a las presiones sociales.
Era natural que el incremento de la gasolina causara un rechazo general por el impacto directo en la actividad económica del país. Entre los efectos por el aumento de los precios de la gasolina se encuentra el incremento en el valor de los productos de la canasta familiar, que inevitablemente produce un impacto en el bolsillo de los hogares colombianos y la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Aunque esta ha sido una medida muy cuestionada, era ineludible para empezar a revertir el déficit fiscal del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC), que para el año 2022 superó los $36,7 billones, una enorme brecha que no dejó más opción que el desmonte de los subsidios.
Este mes de septiembre se cumplieron 11 meses, en los que se han registrado 12 incrementos consecutivos que superan los más de $4.600. Con un galón de gasolina de un valor promedio de $14.000, pero que en municipios de departamentos como Córdoba ya superan los $16.000 y unas dádivas a algunos sectores, resulta peligrosa e inadecuada la manera en que se está realizando el desmonte de los subsidios, privilegiando a unos y afectando a la gran mayoría.
Una de las principales críticas ha sido la decisión de congelar los precios del ACPM o Diésel. Esta exoneración es señalada como una decisión inequitativa e injusta que ha impedido que se corrija el total de brecha del déficit. Por otro lado, sobre las transferencias monetarias a taxistas que usan gasolina, se cuestiona que se trata de determinación que desincentiva el uso de combustibles menos contaminantes, otra medida en contra de la transición. Así las cosas, resulta absolutamente contradictorio que un Gobierno que proclama ‘La Justicia Social’ como su bandera, establezca este tipo de medidas que benefician a algunos sectores, y además contrarían su política de transición energética.
Somos conscientes que son decisiones complejas, que demandan sí o sí un costo político, pero que son necesarias para las cuentas fiscales del país, eso sí, con el aporte de todos para que se cumpla el propósito de cerrar el déficit de los combustibles. Expertos coinciden en que el incremento de la gasolina tendría que ir de la mano con el del ACPM. Un dilema que no es fácil de resolver, pero que no se puede seguir aplazando.
La ausencia, durante tantos años, de una fórmula correcta que defina los precios de gasolina y diésel ha potenciado esta crisis. En este sentido, es conveniente realizar una revisión técnica profunda que establezca la posibilidad de cambiar la fórmula que fija los precios, y poder equiparar el precio interno con el de importación, sin que se cause una distorsión en el mercado y se sigan sumando cargas insostenibles a los colombianos. También, es fundamental incentivar la electrificación del transporte público urbano y el acceso individual a la movilidad eléctrica, a través de políticas públicas y el desarrollo de infraestructura.
Una eliminación incorrecta del subsidio abre la puerta a un nuevo estallido social en el país, que agravaría la coyuntura actual. Hay que tener cuidado con las medidas y excepciones que se están realizando.
