Hay que detener cuanto antes el avance de la violencia electoral, que es un atentado directo al corazón de nuestra democracia. No podemos permitir que el eco de las balas silencie la voluntad popular ni que condicione el derecho ciudadano, que tenemos todos, de elegir y ser elegidos libremente. Cuando la violencia sustituye al debate, retrocedemos décadas: la fuerza se impone sobre las ideas y la legitimidad de las instituciones termina por desmoronarse.
La violencia política en este país tiene nombre de cobardía. Matar a quien piensa distinto no es una estrategia de guerra, es un sabotaje directo a la libertad de todos. Los violentos se están aprovechando de la fragilidad institucional y del abandono histórico en algunas regiones del país para imponer el miedo como regla. Allí, en los municipios donde no hay ley, los grupos armados están asfixiando el futuro de comunidades enteras que votan bajo presión.
Los 435 ataques contra liderazgos políticos y sociales reportados por la Misión de Observación Electoral (MOE), en el último año parecen, sobre el papel, una noticia alentadora frente al pasado, pero la realidad es otra. La violencia ha dejado de ser ruidosa para volverse más inteligente. Según su directora Alejandra Barrios, lo que enfrentamos es una 'reconfiguración' del mapa criminal: agresiones focalizadas que buscan someter territorios enteros sin necesidad de grandes escándalos. Es una intimidación silenciosa que, lejos de desaparecer, está alterando las reglas del juego democrático desde adentro.
Nadie imaginó que en el 2025 el país tendría que llorar de nuevo el magnicidio de un candidato presidencial. La muerte de Miguel Uribe Turbay es el recordatorio más cruel de que la violencia política nunca se fue del todo; solo estaba agazapada. Hoy, con una campaña presidencial marcada por el miedo y candidatos que deben esconderse detrás de blindajes para hablar con la gente, la democracia es la principal víctima. El Gobierno y las instituciones están obligados a brindar plenas garantías a cada uno de los participantes del debate electoral no es solo una obligación legal, es la única forma de evitar que la historia se repita como una tragedia interminable.
Hacer política hoy es una actividad de alto riesgo, y ese es el síntoma más peligroso de nuestro sistema. Contra el terror de quienes quieren imponerse por la fuerza, la respuesta debe ser la contundencia de la ley, sin vacilaciones. No podemos darnos el lujo de retroceder ante la intimidación. Si permitimos que el avance de los violentos continúe, el costo será una democracia de fachada, capturada por la voluntad de los criminales. Las democracias no se apagan de un día para otro; se erosionan lentamente, y esta espiral de ataques es la prueba de que estamos en una pendiente peligrosa.
Restablecer el orden y la autoridad en el territorio no es una opción, es una urgencia vital. La sangre no puede seguir corriendo con esta impunidad cínica; mientras el asesinato sea una herramienta de control, nuestra democracia será poco más que una herida abierta. Defender las instituciones significa garantizar que la competencia electoral sea segura y equitativa. El ejercicio de la política no le pertenece a ninguna bandera ni ideología: es un derecho fundamental de los colombianos que el Estado debe proteger con toda su fuerza.
