La aceptación de cargos penales con oferta de colaboración a la Justicia de Ramón Navarro Pereira, ex gerente de Triple A, amerita un mejor debate público sobre la realidad de lo ocurrido en esa empresa y su matriz Inassa, que es propietaria del 84%.

También sobre los efectos en la población usuaria por la corrupción ya probada, los daños en los bienes colectivos que deben proteger el Estado y en las posibles consecuencias frente a la garantía de calidad con precios razonables en la prestación de los servicios a su cargo.

El Congreso es un buen escenario para buscar claridades y orden. Adicionalmente, un debido resarcimiento por los perjuicios. Como no es sano el desvío de la atención sobre los hechos fundamentales, debe clarificarse cuándo se dieron las irregularidades o delitos, cómo fueron esos hechos anormales, quiénes son los responsables y la gravedad del daño efectivamente infringido.

Se justifica el esclarecimiento porque el Estado ha hecho importantes contribuciones para la prestación de los servicios hoy a cargo de Triple A desde el siglo pasado, los usuarios han pagado y pagan tarifas que en algunos casos están por encima de sus capacidades, no hay claridad acerca de las regalías que deben pagar los operadores especializados al Distrito, tampoco sobre subsidios girados ni sobre la real propiedad pública de los bienes comprometidos en la prestación que fueron entregados para uso sin venta. Mientras tanto, la confianza ciudadana está duramente golpeada por la cadena de hechos que se vienen revelando con implicaciones en personas sobre las cuales se tiene o tenia alta estima social, política o empresarial.

La de Navarro Pereira sería la primera condena en fase de concreción en Colombia por la corrupción en Triple A y asociadas. En la semana pasada se inició el trámite para su condena por defraudación a la empresa, proceso en el cual aceptó su responsabilidad en hechos en que la Fiscalía concluye que el daño suma 27 mil millones de pesos entre 2012 y 2015, que se materializaron en 54 pedidos ficticios y cuatro contratos de consultoría simulados que se anotaron como “operaciones normales” con beneficio para las empresas Inassa y R & T, esta última también filial y contratista. Los delitos aceptados por Navarro son enriquecimiento ilícito de particulares en concurso homogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado.

También le fueron imputados los mismos cargos a la ex subdirectora de Triple A, Julia Margarita Serrano Monsalvo, quien no se allanó y su proceso sigue. No tiene medida de aseguramiento. Navarro tiene en su contra detención domiciliaria mientras su juez decide la pena.

Una declaración pública de Inassa señala que no hay comprensión adecuada por parte de la Fiscalía de la complejidad de lo contratado con Triple A y ofrecen aportar información.

Entre tanto, una decena más de involucrados en la alta dirección de Triple A e Inassa deben responder en indagatoria ante la Fiscalía por hechos diferentes que se remontan a 2001, cuando la empresa española Canal Isabel II, de propiedad del Estado de Madrid (España), se expandió a Latinoamérica teniendo como base la compra de Inassa en Barranquilla en un procedimiento que las autoridades judiciales y políticas de Madrid están investigando por corrupción. Es la denominada “Operación Lezo” que ha removido los cimientos del Partido Popular en Madrid. Inassa fue creada en Barranquilla en 1996 para operar a Triple A y hoy tiene operaciones en una decena de países en parte con el músculo financiero aportado por los usuarios de Barranquilla. Este es un punto que debe esclarecerse. Malo es que una ciudad que tiene severos problemas en movilidad y servicios públicos subsidie operaciones en otros países por corrupción o mala gerencia.

Relacionado con este caso de tan numerosa ramificaciones, también la semana pasada el presidente Juan Manuel Santos suspendió la extradición a España de Diego Fernando García Arias, ex gerente de Inassa, por estar colaborando de manera eficaz con la Fiscalía colombiana. Y la superintendente de Servicios Públicos, Ruthy Paola Ortiz, dijo el jueves en Cartagena que mantienen vigilancia en el ámbito de sus competencias desde el año pasado para que las investigaciones que involucran a Inassa y Triple A, tanto en España como en Colombia, no afecten la prestación de los servicios en Barranquilla y 14 municipios del Atlántico.

Además de la Fiscalía, la Procuraduría indaga varios hechos. El procurador Fernando Carrillo estuvo en España activando colaboración y se ha señalado entre sus pesquisas, entre otros a los siguientes casos a investigar: la reducción accionaria del Distrito, que pasó del 89% en su creación a menos del 13% hoy al tiempo que Inassa crecía en sentido contrario; la no aplicación de un fallo de acción popular que frenaba las capitalizaciones improvídentes; el manejo de los subsidios otorgados a los usuarios en bolsa común entre el Distrito y Triple A cuando ya esta empresa era privada; una queja sobre presunta entrega de dinero a un español comprometido en los escándalos de Madrid, y los contratos con Inassa, cuya utilidad se ha cuestionado, parte de los cuales culminaron con la condena de Navarro y otras derivaciones posiblemente disciplinarias y penales.

Los administradores actuales de Canal II de España anunciaron la venta de sus propiedades en Inassa y este es otro hecho de alerta en Barranquilla. Si lo que se tiene es que Triple A es una empresa que muestra solvencia, pese al saqueo, se deben obtener garantías para los usuarios de continuidad en la calidad de la prestación de los servicios a su cargo y que los nuevos propietarios tengan las capacidades que la comunidad usuaria demanda. Son más de dos millones de personas las implicadas en los servicios de Triple A.

Se empiezan a filtrar informaciones que dan cuenta que de la misma manera que hubo contribuciones irregulares a campañas electorales en España, lo cual es parte de los escándalos en Madrid, eso también pudo ocurrir aquí. Forma parte estos posibles hechos de financiación política lo que deben clarificar los investigadores para conocimiento de la opinión pública. En Madrid ya se tiene que hubo extorsiones y sobornos, al igual que inversiones que poco tienen que ver con la prestación de los servicios públicos. En Barranquilla apenas estamos en los inicios de levantar la alfombra. El allanamiento de cargos de Navarro Pereira es comprobación de que algo podrido hubo.

Triple A y Electricaribe no son casos menores en Barranquilla y su entorno. La operación por privados de sus servicios se dio como consecuencia de una caída en las empresas que les antecedieron y lograr lo que hoy se tiene ha sido con un gran esfuerzo de los usuarios y del estado en todos sus niveles. En ambos casos se advierten malas prácticas gerenciales y hasta corrupción abierta. Urgen, en consecuencia, claridades y orden. Eso lo seguiremos promoviendo desde el Congreso.