En Barranquilla y el Atlántico, la problemática de violencia e inseguridad se ha convertido en un cáncer que amenaza con hacer metástasis. Un panorama que resulta aterrador para los ciudadanos, quienes reclaman el restablecimiento del orden y el retorno de la tranquilidad, a través de acciones contundentes por parte del Gobierno Nacional, los entes territoriales y la Fuerza Pública.
La oleada de asesinatos violentos, masacres, homicidios, extorsiones y hurtos que se ha presentado en los últimos meses, coloca sobre la mesa, la proliferación de las mafias criminales en el departamento y el fortalecimiento de la asociación entre la delincuencia común con peligrosas y estructuradas organizaciones criminales. Así lo confirma la Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, que revela en el Atlántico no solo que siguen delinquiendo las antiguas estructuras Los Costeños y Los Rastrojos, sino que también existen nuevas organizaciones como Los Papalópez, Los Vega, Los Pepes y Rastrojos Caleños, quienes mantienen disputas por el control del territorio.
En la advertencia queda claro que nos encontramos en un momento verdaderamente crítico. La Defensoría señala que durante el primer trimestre de 2023, en Barranquilla y su Área Metropolitana se registraron 201 homicidios, es decir, un 14 % más que en el mismo periodo de 2022, cuando se presentaron 171 homicidios. Una escalada desenfrenada, que evidencia el incremento de la criminalidad y el auge de la delincuencia fragmentada de los herederos de los grupos criminales, cuyas nefastas consignas están haciendo mella y escuela en niños y jóvenes vulnerables.
Entre las barbaries más frecuentes con las que el crimen organizado y la delincuencia común, desatan zozobra y miedo, se encuentra la extorsión, promovida por poderosas estructuras criminales urbanas y rurales, en su mayoría desde las cárceles del país. Esta ha sido una actividad delictiva que ha dejado al descubierto las debilidades actuales del sistema carcelario y las grandes redes de corrupción que hacen parte del millonario negocio en las prisiones, desde donde se planean y realizan un sin número de extorsiones.
El terror que se ha afianzado entre los tenderos y comerciantes de Barranquilla a raíz del aumento de estas persistentes mafias, además de afectar su tranquilidad y actividad económica, se reproduce entre el gremio, que muchas veces no encuentra salida distinta a la de pagar la llamada “vacuna” o huir, ante la presión por los mensajes intimidantes. El flagelo que viene escalando a grandes pasos, ha ocasionado, según Undeco, que cerca de 200 establecimientos comerciales fueran cerrados en Barranquilla y su Área Metropolitana.
Lo que ocurre va mucho más allá de un fenómeno de coyuntura o de algo que podamos resolver con acciones aisladas. Uno de los grandes problemas a resolver está en la justicia, que no tiene ni los recursos ni el personal ni la preparación suficiente para enfrentar los enormes desafíos. También, en la delincuencia desde las cárceles que se encuentra sin control, así como la falta de acciones contundentes para desarticular estas estructuras criminales.
Las labores de inteligencia y el trabajo diario que realiza el grupo Gaula en Barranquilla y el Atlántico para atacar la criminalidad son insuficientes si no se traza un plan conjunto, que además de proponer una mayor dotación de la fuerza pública e incremento del pie de fuerza, logre la coordinación del trabajo entre Fiscalía, Ministerio de Defensa, Gobernación, Alcaldías, Fuerza Pública, frentes de seguridad, entre otros. Tenemos que multiplicar esfuerzos contra la inseguridad para evitar que la ciudad y el departamento, se sigan desangrando y saliendo de las vías por culpa de los violentos.
