Una vez más se confirma que la Costa Caribe mantiene una gran distancia con las demás regiones del país, en cuanto a pobreza y desigualdad. Así lo evidencian los resultados del más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (Dane), sobre el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en el 2022, que con 21,4 %, ubicó a la región Caribe como la de mayor número de ciudadanos bajo esta condición socioeconómica.
Pese a que el Caribe, presentó una reducción 5,4 puntos porcentuales, frente al 2021, correspondientes a la salida de 605.000 personas de la pobreza multidimensional. Las cifras siguen siendo altas, un círculo vicioso que lleva atrapando generaciones en el hambre y la indigencia. Mientras que la mayoría de ciudades celebran una disminución significativa en las estadísticas e importantes avances en la reducción de la pobreza, con una disminución nacional de 3,1 puntos porcentuales. La región Caribe tiene mayores retos para reducir las brechas sociales.
Los resultados sobre la vulnerabilidad de los hogares en la Costa Caribe, según sus condiciones de vida y necesidades insatisfechas, son el reflejo del abandono histórico al que ha sido sometida la región, por parte de sucesivos gobiernos. Durante muchos años, ha existido un modelo de desarrollo que desatendió a la periferia para concentrarse en los privilegios a la zona central. Ese esquema de desequilibrios e inequidades nos amarró en un solo cordón de pobreza y ahogó durante largas décadas el grito que reclamaba un trato más justo y digno.
Si bien se registran algunos avances en el proceso de erradicación de la pobreza, otorgamiento de subsidios a franjas de población necesitada, implementación de cupos escolares, programas de emprendimiento y cubrimiento en salud, entre otros aspectos de la política social, la acción estatal en estas materias sigue siendo insuficientes. Se requiere más dinamismo en las políticas de Estado para llegar a quienes menos tienen, e identificar las que están dando resultado para fortalecerlas.
Hay una urgente necesidad de focalizar la inversión hacia los problemas sensibles de la región, con el fin de lograr planes, programas y proyectos que nos liberen de la pobreza y nos permitan calificar al recurso humano de cara a la formalización laboral, el bienestar social, el emprendimiento comunitario, la reivindicación y protección a la mujer, la nutrición infantil, el tendido infraestructural, el renacimiento agropecuario, la relocalización industrial, entre otros aspectos cruciales para el devenir Caribe.
Si conservamos altos niveles de pobreza y nuestra gente se muere de hambre, sin acceso a la educación, la salud, el empleo, la vivienda y los servicios públicos, somos una economía fallida con una calidad de vida propia de la indigencia y la miseria. La prioridad debe ser la construcción de políticas públicas que nos ayuden a transformar la realidad, con la reducción de la pobreza y la desigualdad, que se ha propagado como el peor de los virus en nuestra región Caribe.
Permitir que se sigan conservando los altos niveles de pobreza en las familias vulnerables nos ha llevado a la degradación que observamos actualmente en nuestra sociedad. Una generación que no tiene oportunidades transfiere esa brecha de ingresos a sus descendientes, impidiendo que se rompa el círculo vicioso de la desigualdad. Un abandono inadmisible que ha dejado profundas cicatrices en la Costa Caribe y que el Gobierno Nacional tiene la obligación de resarcir.
