Desde octubre del año pasado, el aumento de los precios de la gasolina ha estado en el centro de las preocupaciones nacionales debido a los incrementos en cascada que se vienen realizando. Lejos de apaciguar las aguas, los anuncios de los ministros de Hacienda y de Minas, han inquietado a los expertos, quienes temen que la problemática escale.
Aun cuando se trata de una medida responsable, con la que se busca reducir el déficit fiscal del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (Fepc) que para finales de 2022 alcanzó los $37 billones, y mejorar la inversión social, la carga que en estos últimos meses se le ha impuesto a los colombianos, trasladada en mayor medida a los hogares con menores ingresos, amenaza con recalentar el clima social.
Mientras que, por un lado, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, informa que se están evaluando cambios en la fórmula, así como la posibilidad de decretar una tarifa diferencial para ciertos sectores, y no aplicar el precio internacional para la gasolina que produce Ecopetrol.
Por otro lado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contradice lo anunciado por la jefe de la cartera de Minas, afirmando que no se puede obligar a Ecopetrol a estar por debajo de los precios, debido a que se terminaría impactando los ingresos de la Nación, y por el contrario, deja abierta la puerta al inicio de los incrementos en los precios del diesel, que hasta ahora no se habían tocado.
Un galón de gasolina que alcance los $16.000, como lo anunció el ministro de Hacienda, resulta peligroso, si el desmonte de los subsidios a los precios de los combustibles no se hace de manera adecuada. Entre los efectos por el aumento de los precios de la gasolina, y ahora el diesel, se encuentra el incremento en el valor del transporte de carga y pasajeros, y de los productos de la canasta familiar, que inevitablemente presionarán la inflación impactando el bolsillo de los hogares colombianos y la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
La ausencia, durante tantos años, de una fórmula correcta que defina los precios de gasolina y diesel ha potenciado esta crisis. En este sentido, es conveniente realizar una revisión técnica profunda que establezca la posibilidad de cambiar la fórmula que fija los precios, y poder equiparar el precio interno con el de importación, sin que se cause una distorsión en el mercado y se sigan sumando cargas insostenibles a los colombianos.
También, es fundamental incentivar la electrificación del transporte público urbano y el acceso individual a la movilidad eléctrica, a través de políticas públicas y el desarrollo de infraestructura.
Somos conscientes que sobre este tema hay mucha tela por cortar y que es necesario para las cuentas fiscales del país disminuir el gran déficit que presenta el Fepc. Sin embargo, es urgente que exista certidumbre y mayor claridad en el sector, a través de la definición de una hoja de ruta clara, que indique el camino que se va a seguir en cuanto a los precios de los combustibles y una mejor coordinación de los ministerios.