El desespero de los damnificados de La Mojana superó los límites de la paciencia, y no es para menos cuando se cuentan más de 17 meses bajo las aguas. Pese al constante clamor de ayuda de las comunidades al Gobierno Nacional, no llega la solución que tanto llevan esperando: el cierre del boquete de Cara ’e Gato en el río Cauca.
Con una problemática social, ambiental, sanitaria y económica cada vez más crítica, la subregión se encuentra desgastada, sin encontrar salidas, que le permitan restablecerse. Al no tener respuestas del Gobierno, miembros de las comunidades de las principales zonas de emergencia de Sucre, Córdoba y Bolívar, decidieron la semana pasada bloquear el puente del San Jorge, vía entre Antioquia y la Costa Caribe, para exigir una solución al grave problema. Aunque pasadas unas horas de las protestas, decidieron abrir el paso, para este miércoles se ha anunciado un nuevo paro.
El incumplimiento con el reinicio de obras en Cara ’e Gato, pactado para el pasado 2 de enero, es el principal reclamo de los voceros de la sociedad civil y sectores productivos damnificados. En una burla, dice la organización cívica Pacto por la Mojana, se han convertido los acuerdos con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD), que dejó a cargo del Batallón de Ingenieros militares del Ejército Nacional, los estudios técnicos para el cierre definitivo del chorro Cara ’e Gato, quienes en días pasados manifestaron no tener la posibilidad para ejecutar los trabajos.
De acuerdo con la Contraloría General de la República, solo en el sector de Cara ’e gato, desde el año 2018, se han invertido sin éxito alguno $1,4 billones. Una tras otra, el río se ha llevado cada obra presentada como la respuesta para prevenir las inundaciones. La angustia y el abandono, que sienten los mojaneros, es tal, que se encuentran gestionando maquinaria para realizar, de manera artesanal, los trabajos de cierre del boquete.
Tenían que salir a protestar para que el Consejo de Gestión del Riesgo anunciara la reanudación del plan de intervención en la Mojana, y que la UNGRD informará el inicio de la compra de los primeros tres de 46 predios para reasentar familias damnificadas, pero aun así los mojaneros no se sienten escuchados. Más que anuncios, lo que la comunidad exige es el desarrollo de las obras de control de inundaciones y la ejecución del Conpes 4076, que dejó el Gobierno anterior por $1,8 billones para mitigar el riesgo de desastres ocasionado por el invierno.
En las últimas semanas, la preocupación se ha intensificado debido al aumento del caudal del río por las lluvias presentadas en algunas zonas y las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) sobre una extensión del periodo de lluvias hasta el mes de marzo.
Es obligación del Gobierno Nacional atender, cuanto antes, la crítica situación de la Mojana. La recuperación ambiental, así como la reivindicación social y económica de la subregión, no dan espera. Es una gran ofensa que después de tantos meses inundados, se les siga bailando el indio con falsas promesas y obras que sin resultados. ¡Basta de burlas!
