Se equivocan el ELN si pretenden lograr con más terrorismo un dialogo democrático para un acuerdo de paz con participación de la sociedad colombiana. Por el contrario, el terrorismo ahuyenta la participación, es negación de la democracia y termina por polarizar aún más a la nación. Eso es prolongar el conflicto y volverlo aniquilante.

Además, el terrorismo está al margen de la historia que construimos hoy los colombianos. Ya lo dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, a su llegada al país el sábado: “En Colombia no hay ninguna justificación para la violencia armada. La paz es la única respuesta que puede dar solución a los problemas de la pobreza, el desarrollo, la igualdad y la democracia”.

En Colombia el narcoterrorismo de los carteles quiso doblegar al Estado a fines del siglo pasado y no logró su objetivo. Hicieron daño pero perecieron sus cabecillas. Tampoco lo lograron las Farc, hoy en proceso de implementación de los acuerdos, que incluyen su acceso al Congreso en condiciones especiales y justicia transicional. Y menos lo lograron otros grupos ilegales que se desmovilizaron antes de las Farc, desde 1990.

El ELN tiene en las experiencias de desmovilizaciones una amplia oferta de oportunidades para que pase de la fase actual, donde el Estado tiene el deber de combatirlos en sus prácticas depredadoras de la vida y del ambiente con efectividad, lo cual ha venido ocurriendo, al ejercicio político y de construcción de nación en paz y prosperidad. Que lo entiendan así.

Como han dicho que quieren hacer el transito con base en un diálogo democrático y el gobierno y la sociedad le han concedido esa ruta, ninguna explicación lógica tiene que pretendan ahora socavar la legitimidad del Estado con terrorismo, que es la señal que se desprende de los episodios del 10 de enero y días siguientes con ataques a la infraestructura, a uniformados y la población civil.

Los colombianos debemos respaldar con actitud vigilante y patriótica la gestión encomendada al ex vicepresidente Gustavo Bell de proseguir las negociaciones y, como logro urgente, retornar al cese bilateral del fuego. Cese bilateral no es cualquier cosa en términos de concesiones del Estado legítimo a una organización alzada en armas que perturba pero que no tiene capacidad militar ni política para alcanzar el poder efectivo. Parte de los colombianos están exigiendo cese unilateral, como ya lo hizo las Farc, pero la generosidad del Estado colombiano les permite esa gabela a los del ELN de ser bilateral y con monitoreo eficiente.

Al ELN se les fueron las luces. Su equivocación golpea el corazón del diálogo democrático. La participación comunitaria es muy sensible frente a la violencia. Se requiere confianza auténtica para que las voces se hagan sentir.

Por otra parte, en Colombia, por desgracia, no hay necesidad de muchos esfuerzos para demostrar lo doloroso que ha sido la reacción de los violentos contra la guerrilla cuando estas golpean la conciencia nacional. Millones de víctimas inocentes ahí están. De manera que es una irresponsabilidad política del ELN pretender que su terrorismo no tendría consecuencias en quienes les tengan algún afecto, para empezar. Deberían pensar en ellos. Si su objetivo es que se frene al paramilitarismo que no despierten otra vez al monstruo. El Estado ha venido haciendo su parte en este frente de derrotar a los ilegales contrarios a las guerrillas izquierdistas y los resultados están a la vista. Debe haber mayor eficacia, desde luego, pero lejos estamos de un Estado que haya olvidado los derechos humanos. Es lo contrario. Colombia es modelo de su protección. Su legislación está a la vanguardia. El mayor reto asumido hoy es la protección de los líderes sociales amenazados en el posconflicto. Eso nos ha permitido ganar legitimidad ante el mundo.

Por lo tanto, ahora que el Secretario General de la ONU ratificó el respaldo internacional a la implementación de los acuerdos con Farc y abogó por el retorno a la mesa de negociación en Quito en condiciones aceptables, el terrorismo está por fuera de lo admisible.

Colombia tiene abundantes herramientas que el ELN no puede desdeñar para su reinserción. Algunas están en la Constitución y en los tratados internacionales. Otras son instituciones perfectamente utilizables, como la Justicia Especial de Paz (JEP) y están acordadas reformas importantes ya en marcha o en proceso para debate y decisión del Congreso o los correspondientes poderes. Esto debe ser motivo para las mesas de trabajo que se harán en el marco de las negociaciones con el ELN. Es el dialogo democrático a que nos convocan.

Si bien hay colombianos que cuestionan los acuerdos ya firmados con los grupos ilegales armados y propugnan por su revisión, la realidad es que la inmensa mayoría ha expresado su voluntad de pacificación del país, con un adiós para siempre a las guerrillas.

Está por decidirse en este semestre cual será la voluntad mayoritaria de los colombianos, y la equivocación del ELN dificulta una defensa más vigorosa del dialogo democrático para la pacificación del país.

Por eso, que cese el terrorismo. Que haya cese al fuego. Que se escuche la voz de la ONU en cuanto pide que se retorne a la mesa de negociaciones pero, hay que insistir, sin terrorismo perturbador.