Se ha comprobado que existe una relación irrefutable entre la vulnerabilidad de los pequeños y medianos productores agropecuarios y el aumento de la inseguridad alimentaria nacional. Históricamente, el campesinado colombiano ha enfrentado desigualdades que hoy más que nunca demandan la reivindicación del Estado con su verdadero reconocimiento y garantía como sujeto especial de derechos.
La urgencia de transformar una estructura agraria y económica que se encuentra marcada por la pobreza y la exclusión, nos llevó a los Senadores y Representantes del Partido de la U, a radicar en el Congreso de la República, el Proyecto de Ley 63 de 2022 Senado. Iniciativa con la que buscamos dotar de herramientas de sostenibilidad económica, productiva social al pequeño y mediano campesino colombiano, incentivando su asociatividad y proyectando una estratégica política de seguridad y soberanía alimentaria para el conjunto de la Nación.
Este proyecto de ley propone acciones dirigidas a fortalecer la economía campesina colombiana a través, de la optimización de sus condiciones de producción sostenible, de mercado, canales de distribución, adecuación infraestructural, apoyo financiero, técnico y científico, así como, con el mejoramiento de sus mecanismos asociativos. El fortalecimiento de la economía campesina tendrá una especial focalización en los contextos rurales en los que se producen los alimentos que componen la canasta familiar de los colombianos y en los urbanos en los cuales se comercializan. Así mismo, se incluirán las Asociaciones Campesinas de las zonas del país que acuerden procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Dentro de las acciones se establece la creación de la Agencia de Comercialización de Alimentos para la Seguridad Alimentaria (A-CASA) como entidad regulatoria de la soberanía y la seguridad alimentaria; el establecimiento del Fondo de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios de la Agricultura Campesina (FEPAC), que tendrá por objeto adoptar los mecanismos necesarios para contribuir a estabilizar el ingreso de los productores de la Agricultura Campesina; la asociatividad campesina; así como también, el crédito y soporte financiero campesino para las asociaciones.
La iniciativa propone un conjunto especial de medidas dirigidas a fortalecer la infraestructura como la adecuación de tierras para la producción alimentaria campesina, vías para la seguridad y soberanía alimentaria, cierre de brecha digital e innovación agropecuaria campesina. Asimismo, establece en el capítulo II una serie de acciones de educación para el arraigo y el fortalecimiento del campesinado, entre las que se destacan: Incentivos a los docentes rurales, educación terciaria con énfasis rural, y los esquemas de acciones afirmativas para garantizar acceso diferencial a jóvenes campesinos. Se reconocerá también, a las comunidades campesinas que habiten en Zonas de Reserva Forestal, quienes requieren de una atención diferencial.
Teniendo en cuenta que el articulado puede consagrar disposiciones de iniciativa gubernamental, como ponente elevé consulta y solicitud de aval a los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Hacienda y Crédito Público. En los próximos días iniciaremos, en la Comisión Quinta del Senado, la discusión en primer debate de este Proyecto de Ley, esperando que con esta propuesta podamos aportar a la transformación agropecuaria del país y la reivindicación con el campo.
Publicado en: La República
