La gran mentira en 2017 fue la promesa del gobierno nacional de una solución estructural para el sistema de comercialización eléctrica para la región Caribe en este año que acaba de pasar, lo que en su momento nos llenó de esperanza.

Sin embargo, no se dio tal solución y ahora siguen tratando de engañarnos con un proceso de selección de operador cuya realidad es que está lleno de obstáculos. Que se pongan serios.

Dice el doctor José Miguel Mendoza, quien renuncio de manera inesperada al cargo de Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, que esa entidad ya no tiene nada que hacer porque todas las etapas que le correspondían están surtidas. Por lo tanto, que al final de este 2018 debe estar un nuevo operador en posesión de lo que hace Electricaribe, cuya liquidación se ordenó el 14 de marzo por inviabilidad, operador escogido mediante acción competitiva en que se garantice el servicio continuo y la oferta futura con inversiones que comprometen al inversor y las que viene haciendo el Estado colombiano.

Pero ¿quién compraría una empresa con pasivo laboral de 1.5 billones de pesos, que incluye una carga pensional sobre la cual no hay certezas por demandas múltiples, deudas por 2.5 billones a generadores, contratistas y bancos, entre otros, más la obligación de invertir 600 mil millones anuales en diez años? Adicionalmente, con la reputación de que estamos frente a un mercado disperso en su mayoría, con fama de escasa cultura de pago y fraudes, así como de una alta informalidad, reducción progresiva de subsidios estatales y con un sistema de redes y estaciones agotado. Además, no olvidar que la economía colombiana tiene hoy bajo crecimiento, hay reparos de las calificadoras de riesgo por el manejo fiscal y alta polarización política, lo que conduce a la inestabilidad.

Agreguemos a todo eso algunas manifestaciones de populismo en la región que conmueve los cimientos de los prestadores de servicios.

Claro que el negocio de la comercialización eléctrica en el Caribe es atractivo y que eso de que no hay cultura de pago es en parte un pretexto.

Oferentes respetables si los hay. No obstante, tenemos que ser conscientes que el mercado energético colombiano no es tan atractivo por los reparos que los gremios norteamericanos y de otros países han hecho a la estabilidad normativa y las capacidades de la justicia nuestra para resolver conflictos comerciales. En la Unión Europea se hace campaña con el argumento de que hubo despojo en el caso de Gas Natural Fenosa, cuando la realidad es que los incumplidos han sido ellos.

La realidad igualmente es que no ha habido eficiencia en el manejo de los problemas con Electricaribe. El gobierno nacional no debe seguir eludiendo las soluciones estructurales.

Por su parte, la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía deben investigar más a fondo como apareció involucrada la consultora norteamericana Tetra Tech en la toma de posesión de Electricaribe y la efectividad de su participación, quienes favorecieron su involucramiento y qué beneficios obtuvieron. No hay claridad.

La situación está en que se ha llegado por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional a una propuesta para el proceso de cambio de operador con venta de los activos de Electricaribe. Entre tanto, se anuncian inversiones por la empresa de 320 mil millones de pesos.

En resumen, poca información disponible a la opinión, lo que genera más incertidumbre y con eso más daños a la competitividad y la confianza ciudadana en la región.

Se engaña a la opinión cuando se pinta un proceso estable siendo que está lleno de sombras. El gobierno nacional cayó en improvisaciones en 1998 cuando creó a Electrocosta y Electricaribe, que terminó con un despojo del patrimonio de la región. Imposible que haya de nuevo desaciertos con la venta de esta última empresa, que asumió a Electrocosta, e inaceptable que se esté persistiendo en anuncios mentirosos. La región Caribe se merece más respeto.