Ante el implacable aumento de las tarifas de energía en todo el territorio Nacional, finalmente se le empieza a dar la atención que merece a una problemática que históricamente ha afectado a los usuarios de la Costa Caribe. Encontrar soluciones de fondo en el corto, mediano y largo plazo, en medio de una acelerada inflación, será la prueba de fuego de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien deberá liderar el ajuste de la desbalanceada fórmula tarifaria que rige en el país.
Con un Índice de Precios al Consumidor que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el pasado mes de agosto, alcanzó el 10,84%, y una variación mensual del 1,02%, impulsada en un segundo renglón por los servicios públicos, la incertidumbre y preocupación sobre el futuro de las familias colombianas, que empiezan a perder su capacidad adquisitiva, va en aumento y no es para menos.
En la región Caribe, se encuentran las ciudades con la mayor inflación en Colombia. El listado de agosto, lo lidera Barranquilla con una variación del 1,94% del IPC frente al 1,02%, que fue el indicador nacional de la inflación a nivel mensual, seguido por Cartagena (1,56%), Santa Marta (1,56%), Sincelejo (1,51%), Riohacha (1,50%) y Valledupar (1,47%). El impacto de las tarifas en el bolsillo de los usuarios de la Costa Atlántica, se resume en que ciudades cómo Santa Marta, con un 49,94% en variación de electricidad, duplica el promedio nacional anual que fue de 25,90%. La cuestión se está transformando en una bomba de tiempo que si no se atiende pronto, estallará sin control.
Los recientes anuncios del Presidente Gustavo Petro y la ministra Vélez, acerca de tomar medidas sobre los precios del servicio de energía eléctrica responden al clamor del Caribe. Sin embargo, más que promesas, necesitamos compromiso y liderazgo por parte del Gobierno Nacional para que se convoque las voluntades de los generadores y se logren acuerdos en la actualización de los precios de los contratos bilaterales con índices que reflejen la realidad del sector.
No hay duda de que si existe una verdadera voluntad se podrán tomar decisiones trascendentales, como la intervención a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), una entidad que ha estado al servicio de los generadores y comercializadores. El pasado miércoles, junto al Senador Mauricio Gómez, radicamos ante las Comisiones Económicas del Congreso, una proposición aditiva al proyecto de ley de Reforma Tributaria, para que las hidroeléctricas con gran capacidad y abultados recursos ayuden de mayor manera a la financiación de subsidios eléctricos de los estratos 1 y 2. Esperamos que esta propuesta sea estudiada y pueda ser incluida para aliviar un poco la carga de las familias vulnerables.
Para el próximo martes, hemos citado a la ministra Vélez, a un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, para que responda algunas preguntas como: ¿A qué se debe el aumento de las tarifas de energía, incidiendo en la alta inflación que registra el país?, ¿Qué mecanismos de control se tienen previsto ante el incremento de tarifas aun cuando los embalses están llenos?, entre otras. Pero sobre todo, queremos conocer su posición frente a esta problemática, que aqueja en mayor medida a los usuarios de la Costa Atlántica.
Hoy más que nunca se requiere unidad nacional por parte de todos los agentes del sector para que se concreten soluciones que contribuyan a frenar la escalada de las tarifas de energía, y a disminuir la fuerte presión que están ejerciendo en las finanzas de los colombianos. A toda costa tenemos que evitar que se le siga restando dinamismo a la economía y que detone una nueva crisis social.
