La oleada de violencia y asesinatos contra los transportadores de Barranquilla y su Área Metropolitana, coloca nuevamente sobre la mesa, la proliferación de las mafias criminales, que bajo la modalidad de intimidación y extorsión, vienen azotando a distintos sectores productivos de la ciudad. Problemática que deja al descubierto las debilidades actuales del sistema carcelario y el fortalecimiento de la asociación entre la delincuencia común con peligrosas y estructuradas organizaciones criminales.
Con toda razón, los conductores de las empresas que prestan el servicio de transporte urbano colectivo, se encuentran atemorizados e indignados. El llamado de los transportadores a las autoridades a proteger su vida e integridad, no es nuevo. Sin embargo, fueron los asesinatos, en solo 10 días, de Willington José Hernández Borja, vinculado a Cootrab, José Del Carmen Hernández Padilla, empleado de Coolitoral y John Pardo Castillo de Transmecar, los que desencadenaron nuevas manifestaciones. Aprovecho estas líneas para expresar nuestra solidaridad y oraciones con los familiares, amigos y compañeros, que hoy sufren esta terrible pérdida. Nos duele que se estén segando vidas de manera miserable e injusta.
El panorama del Atlántico frente a la extorsión es particularmente inquietante. Desde hace años hemos sido testigos del auge de la delincuencia fragmentada de los herederos de los Rastrojos, los Costeños y el Clan del Golfo, cuyas nefastas consignas hicieron mella y escuela en niños y jóvenes vulnerables. Tapar el cielo con las manos es un imposible y si somos sensatos, lo real es que Barranquilla y su Área Metropolitana, como otras zonas sensibles del Atlántico, tienen una preocupante y delicada situación de inseguridad que debe ser atendida y erradicada cuanto antes.
A la zozobra que está reinando en la ciudad y municipios del departamento, se suma el caos generado por las protestas y cese de actividades de los conductores de buses urbanos. El clima de inseguridad y las dificultades con el transporte está dejando millonarias pérdidas. Según Asocentro, este lunes el comercio en el centro de la ciudad dejó de percibir más de 6.500 millones de pesos, debido a ventas que no se hicieron durante el paro de conductores de buses.
Lo que ocurre va mucho más allá de un fenómeno de coyuntura o de algo que podamos resolver con la llegada de nuevos policías, o con el acompañamiento del despacho y las rutas de los buses. Uno de los grandes problemas a resolver está en la justicia, que no tiene ni los recursos ni el personal ni la preparación suficiente para enfrentar los enormes desafíos. También, la delincuencia desde las cárceles que se encuentra sin control, así como la falta de acciones contundentes para desarticular estas estructuras criminales.
Para combatir la grave situación de inseguridad y extorsión en Barranquilla y el Atlántico es necesaria la coordinación de las medidas con los alcaldes locales, la Policía, el Ejército, el nuevo Jefe de Estado y su Ministro de Defensa. Hay que rodear a la fuerza pública, a los organismos de inteligencia y al poder civil para que sean más contundentes los golpes contra el delito.
Confiamos en que los gobernantes cumplan con la misión que le imponen la Constitución y las leyes, mientras vemos unos sectores políticos comprometidos con la institucionalidad y una fuerza pública ejerciendo su tarea. Sin descanso y sin permitir que la delincuencia gane más terreno con el paso de los días. Ni Barranquilla ni ninguna otra ciudad del país pueden seguir viviendo bajo el imperio de una inseguridad que tiene desesperados, angustiados y alarmados a los ciudadanos. Nos solidarizamos con los transportadores y nos unimos a su petición de protección y seguridad para el desarrollo de su labor.
