En el camino hacia la carbono neutralidad y la resiliencia climática, que estamos transitando en Colombia, es clave aprender de las lecciones que se están dando en otros países. Una transición acelerada que ignore a los sectores productivos, su realidad e impacto, puede llevar al traste cualquier política ambiental y sus loables propósitos.
Esta semana fue noticia mundial, el fuerte rechazo que ha desatado, entre los agricultores, la decisión del gobierno neerlandés de reducir las emisiones de nitrógeno y amoníaco para el período 2030-2035, con expropiaciones o el retiro de permisos de producción. Determinación qué ha motivado la convocatoria de un paro nacional por parte de los campesinos y pescadores, quienes afirman que “sus medios de vida, y los de miles de personas que trabajan en la industria de servicios agrícolas, están en juego”.
Por medidas como la reducción en las emisiones de hasta 95 %, el bloqueo de permisos para proyectos de infraestructura y vivienda, la drástica disminución de las cabezas de ganado, entre otros controversiales planes, los agricultores han salido a protestar para defender su futuro. Y no es para menos, al comprobar cómo se han satanizado actividades productivas que son fundamentales para la economía de un país, limitando sus oportunidades de adaptación.
Si bien es responsabilidad y compromiso del gobierno neerlandés promover políticas para reducir las emisiones de formas reactivas de nitrógeno, como el amoníaco de la agricultura y el óxido nitroso de la quema de combustible, hacerlo de manera acelerada y drástica como lo han planteado en Países Bajos es una gran bomba social, que los está conduciendo a un abismo.
En Colombia, tenemos que aprender los errores que se están cometiendo en otros países para no repetirlos. Las ambiciosas metas climáticas que tenemos, como lo son lograr la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51 % a 2030 o alcanzar la carbono neutralidad en 2050, no pueden ir en contra de los sectores del país. Para alcanzar nuestros propósitos de desarrollo bajo en carbono, se deben plantear medidas realistas y aterrizadas que vayan en el sentido de impulsar el crecimiento sostenible de la economía nacional, respetando los periodos de transición.
Son enormes los desafíos que tiene el país para avanzar en la reducción de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI). Actualmente, contamos con un marco normativo, la Ley 2169 de 2021 de Acción Climática, con la que buscamos alcanzar estos objetivos, integrando los sectores de transporte, ambiente, minas y energía, vivienda, ciudad y territorio, agropecuario, pesquero, desarrollo rural y comercio, industria y turismo. Sin embargo, hay que tener siempre presente que esta transición debe ser cuidadosa y estudiada, de tal manera que se realice de manera equilibrada y sin afanes, entendiendo que el bienestar social, la actividad productiva y acción climática deben ir de la mano.
Publicado en: La República
