Los altos niveles del río Magdalena tienen en vilo a los habitantes del sur del Atlántico, quienes temen volver a vivir la emergencia invernal de 2010, que los dejó bajo las aguas y con una larga factura de costos ambientales, socioeconómicos y agropecuarios. Una de las tragedias más terribles en la historia de nuestro Departamento, que no podemos permitir que se vuelva a repetir.
Debido a las crecientes en el río y el Canal del Dique, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) generó el pasado mes de mayo una alerta naranja en los municipios del sur. Asimismo, la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres del Atlántico y las alcaldías de Campo de la Cruz, Manatí, Suan y Repelón, declararon calamidad pública para la ejecución de obras preventivas. Sin embargo, las comunidades ribereñas aseguran que existe un alto riesgo de que ocurra una emergencia en esta temporada invernal, si no se despliegan todas acciones.
Ante las filtraciones en los cultivos de pancoger e inundaciones en las carreteras, los pobladores han empezado a instalar bolsas de arena para mitigar los riesgos, pero hora tras hora están comprobando que solo son pañitos de agua tibia que no contendrán por mucho tiempo las aguas. Los pronósticos del Ideam sobre un fenómeno de La Niña que se extenderá hasta comienzos del próximo año, son el preludio de un panorama preocupante que exige la urgente actuación del Gobierno en articulación con la Gobernación, las alcaldías y las comunidades.
Después de 12 años de la tragedia de 2010, la infraestructura de la zona y los ecosistemas siguen presentando una alta vulnerabilidad frente a los inviernos. Cada vez que llegan las lluvias, los planes, proyectos y programas para mitigar sus efectos, quedan escasos ante la magnitud de los eventos. En esta y en muchas de las emergencias que se han presentado en el país, la actuación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (UNGRD) ha quedado en entredicho, por la falta de implementación de políticas de gestión del riesgo, los incumplimientos en las obras, la lenta respuesta en la atención de las problemáticas, entre muchos otros cuestionamientos.
Recientemente, la Controlaría General de la República anunció investigaciones a la política de riesgo en Colombia, en cabeza de la UNGRD, que pese a la billonaria suma invertida, de 11,4 billones de pesos en una década, no ha causado el impacto esperado. El ente de control señaló que, en la actualidad, hay varias regiones que enfrentan una nueva situación de emergencia invernal y hay muchos puntos críticos que han sido identificados desde hace varios años, que siguen ahí, causando miedo y preocupación. Tal y como sucede en el sur del Atlántico.
Lamentablemente en el Atlántico y general en Colombia seguimos sin aprender la lección en términos de gestión del riesgo de desastres, aunque en algunos territorios se ha avanzado en la prevención de tragedias naturales o se han atenuado los impactos, aún nos falta. Así quedó evidenciado con el último reporte entregado por la UNGRD, que resalta que entre el 16 de marzo y el 16 de mayo, "50 colombianos han fallecido, otros 50 han quedado heridos y 9 continúan desaparecidos, como consecuencia de las lluvias, que también dejan 20.390 familias afectadas”.
Si bien el drama de las lluvias no es responsabilidad de ninguna de las tres ramas del poder público, en el caso de la legislativa tenemos la obligación de velar por el cumplimiento de las soluciones prometidas y el desarrollo de los planes de mitigación actual y de prevención de desgracias futuras. Y en mi caso, seguiré denunciando a las entidades y personas que estén entorpeciendo las acciones de prevención y mitigación del riesgo en el país.
Nos unimos al clamor de los atlanticenses que piden el apoyo del gobierno nacional para realizar las obras de prevención de emergencias. Con una economía en cuidados intensivos, afectada por la inflación, no podemos permitirnos quedar nuevamente bajo las aguas del río Magdalena.
