Debe quedarles claro a los señores de las Farc que el ejercicio de la democracia en Colombia les impone el deber de aceptar el régimen constitucional, sus ritualidades y sus decisiones.

Por lo tanto, esos discursos todavía amenazantes de retorno a la guerrilla como respuesta a las decisiones de la Corte Constitucional y el Congreso no tienen cabida en su estadio actual, que fue abierto de manera generosa por la sociedad y el Estado colombiano para hacer posible su desmovilización con especiales condiciones a fin de que cumplan sus objetivos políticos y dejen de delinquir teniendo como justificación motivos de orden político. Este es el trato. Se hizo cesión de justicia y beneficios especiales para alcanzar la paz.

La semana pasada se dieron varios eventos con motivo del primer año de la firma del Acuerdo del Teatro Colón en Bogotá el 24 de noviembre de 2016 después que en el Congreso le dimos aprobación. Fue la oportunidad para hacer una revisión de lo avanzado y la conclusión es que, para usar la metáfora del presidente Santos y el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, “el vaso está medio lleno”. Ciertamente, el Estado y la sociedad deben acelerar algunas obligaciones, como lo señala también la ONU, y me refiero en especial a la protección a los líderes de la sociedad civil asociados a territorios de conflictos tradicionales, en lo normativo y el reencuentro de ex combatientes con la vida civil en condiciones que sean sostenibles.

Pero es preciso que las Farc no nos imponga a quienes hemos actuado en favor de la negociación para el fin del conflicto y una paz estable y duradera cargas políticas adicionales que hagan más complejo o difícil la aceptación por los colombianos del proceso pacificador por pretender ellos que el orden constitucional se someta a sus condicionamientos. Es lo contrario. Los ciudadanos farianos sometidos a las instituciones.

Las Farc nacen a la vida política como un partido minoritario. Hay un acuerdo firmado que debe cumplirse y en tal acuerdo se estableció que las instituciones como las altas cortes y el Congreso mantienen sus competencias con las salvedades expresadas en el mismo acuerdo. Debemos tener siempre presente que la Corte Constitucional ha contribuido a clarificar la ruta y que en el Congreso se ha constituido una mayoría para facilitar los acuerdos, mayoría que por efecto de las naturales diferencias políticas de la nación, no ha podido sacar adelante la totalidad de lo que se ha puesto en trámite.

Ahora son chocantes las reacciones de los voceros de las Farc. Pueden expresar sus desacuerdos, desde luego, están en el ejercicio de la democracia que ellos aceptaron como reglas, pero, insisto, sin salirse del marco del debate político. Sin amenazas. Por el contrario, haría bien frente al país que den mensajes de integración virtuosa a un proceso de inserción progresiva donde la nación no perciba que le están atropellando más.

Por ejemplo, conviene, como ya lo he sostenido en escrito anterior, que por ética política los aspirantes a ser elegidos por el partido de Farc acudan ante la Justicia Especial de Paz (JEP) a contar las responsabilidades penales para su sometimiento a ella por hechos ocurridos en su vida subversiva. Eso contribuye a la confianza. Es respuesta a la generosidad con la cual la sociedad y el Estado le reintegran a la ciudadanía política.

El balance del primer año nos convoca a profundizar los esfuerzos hacia una paz estable y duradera. Hay logros significativos en reducción de la violencia subversiva y en implementación de lo acordado. También una agenda extensa e intensa para el debate nacional y las decisiones concretas en temas como la reforma social rural, la lucha contra la producción y comercio de drogas ilícitas, la transformación de las zonas devastadas, entre otros temas pendientes.

Se hicieron las conmemoraciones en momentos en que la comunidad internacional difunde indicadores de desigualdad que reflejan que Colombia poco avanza. Somos el segundo país de América con mayores tasas de desigualdad y el séptimo del mundo. Nos obliga a revisar las estrategias antipobreza y desigualdad. La campaña electoral presente no puede seguir siendo, en consecuencia, ajena a estas realidades vergonzantes. No debe ser que las Farc nos convoquen a una agenda por sus privilegios en los textos acordados o en lo que subyace en ellos cuando lo que corresponde es que aborden como nuevo partido las demandas nacionales. Hacia allá deberíamos centrar más la atención. Los temas de justicia aplicable siguen teniendo vigencia pero ha llegado la hora de centrar más el debate político sobre los temas de la sociedad que sufre. Es imperativo en una Colombia que en este siglo perdió la batalla contra la desigualdad, hasta ahora, aun cuando haya mejorado en sus volúmenes y tasas de pobreza.

Un mayor respeto a las altas cortes, en medio de sus crisis, y sobre todo porque están en crisis, constituye factor de fortalecimiento de nuestras instituciones. Por eso los voceros de las Farc no deben reaccionar en otro momento contra su integridad si no le satisfacen totalmente sus decisiones en ejercicio de sus competencias. Es muestra, si lo hacen, de que van alcanzando madurez como partido que actúa en democracia dividida en poderes públicos independientes pero con deber colaborativo a los fines del Estado y para el bien de la sociedad, en este caso de la paz como objetivo supremo.

A las Farc les debe quedar claro que como activistas políticos tienen el deber de acatamiento de las decisiones de los jueces naturales o especiales. Acatamiento que probablemente les haría ganar respetabilidad para dejar de ser minoría.