Están por cumplirse en pocos días diez años de funcionamiento del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) en el Caribe colombiano y es el momento de hacer una revisión cuidadosa de su implementación para eventuales mejoras del servicio.
El sistema tuvo una aplicación gradual y en el Caribe se inició el primero de enero de 2008, la última región por escogencia que hizo el Congreso en razón de las particularidades del país, lo que no fue conveniente para nosotros por cuanto los fondos ya estaban exhaustos. Como lo reflejan diversos estudios sigue adoleciendo de la infraestructura indispensable, así como de personal, tecnologías, capacidad investigativa, coordinación interinstitucional y hasta de confianza en la opinión.
Los propios agentes del sistema lo rajan en cuatro variables, de acuerdo con un informe inicial del Observatorio que está en ensayo en la Gobernación del Atlántico: congestión (2.90 sobre cinco), impunidad (1.60), acceso (0.80) y confianza (0.70).
En 2016 ingresaron 161.900 procesos al sistema en el Distrito Judicial de Barranquilla y concluyeron 34.437, lo que da una idea de los represamientos pero también de la alta demanda. Una de las causas de esta alta demanda es que en el Distrito Judicial de Barranquilla, que corresponde al departamento del Atlántico, no opera con efectividad la denominada justicia cercana al ciudadano que podría atender al menos el veinte por ciento de los casos, luego arreglar la justicia penal pasa por mejorar las capacidades de Barranquilla y los municipios para cumplir sus funciones de justicia. Otra causa es el desconocimiento de los ciudadanos de los alcances de la ley penal y que los propios funcionarios del sistema admiten las demandas sin que sean de su competencia. Esto eleva los archivos de expedientes. Pero, no nos digamos mentiras, el sistema de investigación no investiga lo suficiente y acude en demasía a los testimonios. No se aplica el criterio de que el Estado es más inteligente que los delincuentes y está mejor equipado.
El estudio muestra que en el 93 por ciento de los casos que llegan a la etapa de juicio hay condenas. Eso refleja que la Fiscalía y los jueces muestran efectividad pero no tanta frente a la demanda. También, que las leyes que agilizan los procesos por aceptación de la responsabilidad cumplen su objetivo de celeridad y eficacia. En tiempos hay logros que no se deben desconocer. En la etapa previa se redujeron de 1.958 días en promedio a 381 en diez años, en juzgamiento de 378 a 369, y en el proceso total de 2.596 días a 762. Estos datos hablan bien del SPOA. Deben mejorar, sin duda.
Los agentes del sistema, incluyendo a los usuarios, lo han acogido al compararle con el sistema anterior. De manera que lo que corresponde es mejorarlo. Según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, es un sistema que ha colapsado. Por eso se requieren reformas profundas a nivel nacional y acciones particulares a nivel territorial Caribe.
Atlántico es señalado como modelo de concurrencia del nivel territorial en un servicio que corresponde a la nación. El departamento tiene desde hace muchos años fondos especiales de tributación para seguridad y parte de ellos se han destinado a la concurrencia en justicia, por ejemplo en edificaciones menores, equipamientos para la Policía, investigaciones y ha venido animando un debate al que nos piden ahora participación a los congresistas. En el Congreso, la justicia es un tema que mueve agenda y creo que conviene que todos sus integrantes nos aproximemos a las realidades de nuestros respectivos territorios.
Colombia no debe seguir legislando como si tuviera unidad cultural sino reconocer su diversidad dentro de la unidad nacional. De ahí los errores como en el caso del Código de Policía que castiga conductas que no hacen el mismo daño en todos los territorios por razones culturales. En el Código Penal hay situaciones similares. Es válida la queja sobre el denominado populismo judicial que nos ha llevado a legislar sobre hechos que ya están en los códigos porque algún acontecimiento conmueve al país. Ha fallado la política criminal y sigue sin el orden que le corresponde.
Es deplorable comprobar que la oferta judicial penal este tan dispersa en Barranquilla (la Fiscalía tiene 17 sedes) y los cupos carcelarios fueron diseñados y en algunos casos construidos hace más de sesenta años, cuando existía menos protección a los derechos humanos. La consecuencia es que los afectados por una medida carcelaria tienen más probabilidades de salir con mayor actitud criminal. La opinión ya no resiste tanta laxitud con los delincuentes consuetudinarios y la burla con las medidas de aseguramiento.
Adicionalmente, y no menos grave, es que pareciera que el Estado se declara impotente frente a una criminalidad que gana cada día en capacidad de hacer daño, ya que se percibe vulnerable e incompetente. Es lo que nos pasa.
Creo que a los diez años nos muestran sombras y luces en la justicia penal en el Distrito Judicial de Barranquilla y que deben acelerarse las inversiones en edificaciones para los operadores y los cupos carcelarios, pero, ante todo, la oferta de personal y las capacidades de este. La relación de jueces y fiscales por cien mil habitantes es altamente desfavorable con respecto a las regiones donde se inicio primero el SPOA y eso es discriminatorio, como son tantas cosas de la oferta nacional de servicios.
Y todo esto amerita una acción política. No es justo que por haberse iniciado de último el SPOA en el Caribe sigamos arrastrando disparidades que tienen que resolverse por razones de igualdad. Es cuestión de derechos. La oferta penal en el Caribe tiene que estar a la altura de la época. El compromiso debe ser más contundente. Si no, ¿de qué sirve declarar que hemos llegado al colapso?
