Con la iniciación del proceso de inscripciones al Congreso, los anuncios de las Farc de que su antigua cúpula militar será ahora su cúpula de representación política y la composición de la Comisión de la Verdad divulgada la semana pasada, siguen moviéndose piezas importantes del ajedrez del posconflicto.

Está en complejo debate en el Congreso la reglamentación de la Justicia Especial de Paz (JEP), mientras se esperan decisiones de la Corte Constitucional sobre aspectos neurálgicos del acto legislativo que la creó. Está en trámite una reforma política y pendiente el debate agrario.

Veamos un aspecto de la participación política de las Farc. Además del acatamiento a las leyes, las Farc como partido político deben dar señales claras de respeto a la transparencia y la coherencia en el terreno político. La nación les reconoce la entrega de las armas y el acatamiento al cese al fuego. Los resultados divulgados por las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa y la ONU son satisfactorios, lo cual es señal importante de que se cumplen los objetivos en ese terreno, pero como en la democracia conviene el debate sobre verdades es deber suyo dar más señales para la confianza nacional.

Por eso, antes de inscribirse, los candidatos al Congreso de las Farc deberían contar a la JEP los hechos delictivos de los cuales son responsables para darle más transparencia a su proceso de inserción a la vida política, como contribución a los fines de la Justicia Transicional y, en especial, como aportes suyos a la verdad histórica que se busca frente a los ocho millones de víctimas del conflicto. También, frente a la sociedad colombiana y la comunidad internacional que ha estado muy atenta y contribuyendo en nuestro proceso de pacificación.

Así también, como paso necesario para generar más confianza frente a los objetivos superiores de una paz estable y duradera.

Conviene además esa declaración de los delitos porque no es fácil en el ambiente polarizado de la nación conceder por el Estado y la sociedad herramientas de poder político si no se tienen certezas, con base en las declaraciones voluntarias de los mismos actores políticos ayer armados, de que son serios e irreductibles los compromisos de acatamiento a la justicia acordada en la negociación.

Este es el argumento para esperar no solo rigor de ley, como lo hemos estado buscando en el trámite de la JEP, para que las declaraciones sobre responsabilidad de crímenes no solo sean verdaderas sino oportunas y sobre la base de principios democráticos en sociedades abiertas. Eso está en el espíritu y la letra del Acuerdo de Paz del Teatro Colon.

Es decisión política de las Farc si acude a las urnas con los jefes más reconocidos de sus tiempos de guerrilla. Una parte de la opinión ha venido cuestionando esa decisión y lo último es que su nominado candidato a la Presidencia de la República, Rodrigo Londoño (Timochenko), firmante con el Presidente Santos del Acuerdo Final, iniciará una consulta para determinar si asume la candidatura. Los electores colombianos tomarán la decisión acerca de si le eligen.

En Colombia tenemos una democracia debilitada pero funcional para determinar quien ejerce los poderes políticos. Tengo la seguridad de que tomaremos de nuevo buenas decisiones en función de la patria y sus valores o responsabilidades. Mi partido contribuirá en la consolidación de los objetivos de la paz y la prosperidad bajo criterios de equidad.

Lo que todos deberíamos aportar es generosidad con la nación para que se cumplan los objetivos de una paz estable y duradera, y en esto, insisto, hay que buscar preservar los valores y principios tutelares de la democracia y la justicia. Y en eso encaja nuestra petición para que la ley y la ética política nos lleven a los debates y elecciones de 2018 con unos antecedentes sabidos de lo que asumen como responsabilidad quienes aspiren al Congreso en representación de las Farc.

Por otra parte, igualmente contribuye a generar confianza el que la Comisión de la Verdad elimine los temores de que su composición contiene en su esencia sesgos inapropiados para los objetivos sublimes que la justifican. E igualmente debe generar confianza el equipo operador de la JEP en construcción sobre el cual igualmente se denuncian posibles sesgos por razones ideológicas.

La responsabilidad que tienen los partidos políticos para fortalecer la democracia y la justicia en Colombia es inmensa. Incluye, desde luego, la responsabilidad de las Farc, que es el partido nuevo. De ahí que no deberían acudir a las urnas sus voceros políticos sin antes pasar por la JEP asumiendo sus responsabilidades del pasado violento.