No podemos perder el rumbo. El objetivo es construir una paz estable y duradera en Colombia después de los acuerdos con las Farc y por eso es preciso generar más confianza en las leyes y actos legislativos de implementación que se tramitan en el Congreso y en las decisiones de la Corte Constitucional en esas materias. Luego, no se puede socavar la democracia ni la justicia que hacen posible esa paz estable y duradera.

Es responsabilidad compartida. Pero el ambiente nacional en lo relacionado con tal implementación se tensiona cada día más y eso no le conviene a Colombia. Estamos frente a muestras de insensatez en un país celoso de sus instituciones fundamentales y también con muestras de laxitud frente al rigor que se merecen temas esenciales como la elegibilidad de los ex guerrilleros y la generosidad del Estado frente a los cultivadores de coca, para citar solo dos casos que en la semana pasada provocaron debates y obligan a fijar posiciones en protección del interés público, la justicia y la democracia.

¿Hasta dónde el Estado puede ceder en materia de justicia en la construcción de las condiciones normativas para que el objetivo de una paz estable y duradera se consolide y no deteriore y termine arruinando el Estado Social de Derecho?.

La pregunta es hoy más pertinente en momentos en que se decide sobre aspectos medulares de la justicia transicional que se aplicará en Colombia a quienes hayan incurrido en delitos graves asociados al conflicto interno, incluyendo civiles, y en una fase histórica en la que la justicia ordinaria hace crisis y tiene que ser fortalecida mediante reformas audaces. Igualmente en que se reglamenta y está aún por reglamentarse la participación política de los ex guerrilleros y la constitución de nuevos distritos electorales como parte de los acuerdos con las Farc.

Deben cumplirse esos acuerdos pero no hacer concesiones que desborden las previsiones obvias que preserven la democracia y los valores de la justicia. La impunidad tiene sus límites.

De ahí que no deberían ser elegibles los desmovilizados de las Farc que no hayan comparecido ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) y que si esta profiere condena se imponga la destitución del cargo por elección popular, si ya está elegido. Esto contribuye a que la opinión no rechace por ofensivas las prerrogativas de las que gozan quienes fueron miembros de las Farc como premio a su nueva condición de actores sociales y políticos.

No pretendemos que se les cierren derechos de participación política a ex guerrillero alguno sino contener privilegios exorbitantes que debiliten la democracia y la justicia.

Por otra parte, es preciso revisar los alcances del proyecto de ley que favorece a los cultivadores de coca que hayan hecho acuerdos con el gobierno para no estimular la concentración de capacidad delictiva de los productores poderosos. El límite de 3.8 hectáreas es excesivo. Igualmente es inconveniente el que haya reforma con carácter permanente del Código Penal en casos donde lo correcto es que haya atenuación transitoria de la pena para que se cumpla el objetivo de la erradicación para cambio de oficio en los cultivadores menores.

La lucha contra la producción de narcóticos es necesidad fundamental para la paz estable y duradera de Colombia porque el narcotráfico es el gran motor financiador de la violencia que azotó a Colombia y sigue produciendo desgracias. Si bien hay comprensión internacional por los pasos que ha venido dando nuestra nación para abordar la complejidad del negocio sin aspersión química letales, con incentivos a los productores que no tienen otra ocupación rentable, con normas penales menos rigurosas, entre otras estrategias, el Estado no puede aparecer como si premiara o estimulara la actividad narcotraficante porque no es conveniente para la sociedad colombiana y para la humanidad.

De manera que las advertencias del fiscal Néstor Humberto Martínez sobre incentivos penales a los cocaleros deben seguir atendiéndose con el rigor moral y político que demandan sus consideraciones filosóficas y de conveniencia.

Seamos conscientes de que la implementación de los acuerdos con las Farc no puede conducir a la hecatombe nacional. Los miembros del nuevo partido político así deben entenderlo porque su deber ahora es fortalecer la democracia como el escenario donde hacen su nueva vida. Son ofensivos los privilegios exorbitantes. Está probado que la sociedad colombiana los rechaza. De manera que avancemos hacia una paz duradera y estable con sensatez, buen tino y con el objetivo de preservar el Estado Social de Derecho que impregna nuestra Constitución.

El Estado Social de Derecho, que se materializa en elementos que contiene el acuerdo con las Farc en cuanto busca la justicia social en el campo y prioriza el desarrollo humano hacia zonas golpeadas por el conflicto, entre otros mandatos, es lo que más tiene que ser fortalecido en los objetivos de una paz estable y duradera. Por eso la justicia no debe ser totalmente doblegada porque se premia la impunidad.

Es con estos criterios que debemos seguir tomando decisiones en el Congreso, en las cortes y en el Gobierno.