Desde hace varias semanas alertamos de las constantes alzas en los precios de la energía en Colombia, especialmente en la Región Caribe, donde se estableció un régimen tarifario especial que ha creado un hueco en el bolsillo de los usuarios. Una problemática que además de poner en peligro la competitividad de la industria, podría conducir a un nuevo estallido social.
Los aumentos en materia de inversiones y pérdidas eléctricas, realizados por las empresas Air-e y Afinia, sumados a los frecuentes incrementos de los precios del mercado spot, tienen en jaque a la Costa Caribe, donde el valor del kilovatio/hora se ha duplicado en solo cinco meses, superando los $700. La llegada de la temporada de sequía y los incumplimientos en las fechas de algunos proyectos energéticos, han disparado las alarmas sobre los precios que podría alcanzar este servicio público durante el primer trimestre del 2022.
Si el buen momento, con máximos históricos, que registraron los embalses en el país durante el 2021, no se tradujo en reducciones en las tarifas de los usuarios, quienes a pesar de la abundancia hídrica, continuaron pagando elevados montos en las facturas de energía: ¿Qué se puede esperar durante esta temporada de sequía que inició en el país?. La respuesta a este interrogante ya la empezaron a dar las hidroeléctricas con la reducción de su capacidad de generación, situación que ha desatado nuevos aumentos.
Este panorama se agudiza con las crecientes dudas acerca de la entrada en operación de Hidroituango para este año, que solo en la Región Caribe tiene el compromiso de aportar 26% de la demanda de energía. Un nuevo incumplimiento, que dejaría a los usuarios expuestos a las variaciones excesivamente altas que se presentan en el precio de energía en bolsa, con aumentos injustos y desproporcionados.
Los incrementos que se están registrando en el mercado spot son muy preocupantes, así como también las proyecciones para el 2022, que según la agencia calificadora Fitch Rating, alcanzaría promedios por encima de los 250 $/kWh, más del doble del presentado en el 2021 que fue de 133 $/kWh. Por otro lado, el último informe ejecutivo de la firma Óptima Consultores alerta que “alrededor del 20% de la demanda regulada y el 10% de la demanda no regulada se encuentra expuesta a los precios de bolsa”, en pocas palabras si seguimos así; a gran parte de las familias colombianas, el comercio y la industria se les seguirá aumentando las tarifas del servicio de la energía eléctrica sin contemplaciones. La tendencia alcista de este nuevo año exige una especial atención y un mayor control. No podemos quedar a merced de los comercializadores de la Región Caribe, que se están aprovechando del régimen transitorio especial para realizar nuevos cobros a los usuarios, mucho menos de los generadores hidráulicos que apelan a la incertidumbre para aumentar los precios de la energía en bolsa de manera exagerada e injusta, aun cuando los niveles de los embalses son favorables.
Urgimos al Gobierno y a las entidades adscritas al MinEnergía a establecer nuevas medidas que ayuden a revertir esta tendencia y a detener el ritmo acelerado que viene presentando desde meses atrás. Los usuarios residenciales, comerciales e industriales no soportan un nuevo incremento en sus recibos. Hay que impedir que se empiece a frenar la recuperación y el crecimiento económico.
Publicado en: La República
