Todavía la Costa Caribe se encuentra muy lejos de contar con el servicio de energía eficiente, confiable y seguro, con el que sueñan sus habitantes. Las frecuentes interrupciones del fluido eléctrico, la baja calidad de la prestación del servicio y sobre todo los exagerados incrementos en las facturas, han aumentado la molestia de los usuarios, quienes se sienten agredidos.
Después de un año de que la empresa Air-e asumiera como nuevo operador del servicio energía en el Atlántico, Magdalena y La Guajira, pareciera repetirse la misma fórmula que mantenía Electricaribe de tarifas abusivas y pésimo servicio. Durante este primer año, la Personería Distrital de Barranquilla informó que ha recibido 932 quejas por el “pésimo servicio” de energía que presta la nueva empresa, con un notable aumento de los reclamos en los últimos meses.
Si bien desde el principio hemos sido conscientes que solucionar el problema estructural del servicio de energía en la región Caribe llevará mucho tiempo e inversión, no esperábamos que los resultados a estas alturas fueran poco evidentes, ni que la confianza de los usuarios hacia la nueva compañía estuviera tan deteriorada.
Con toda la razón, la molestia social, en estos tres departamentos, estalló luego de que se hicieran efectivos los incrementos en las tarifas de energía del 9,8% para el sector residencial y comercial, pasando de $500 KWH a $626 KWH, y del 5% para el sector industrial, establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), mediante las resoluciones 024 y 078 de 2021. Pese a que este régimen transitorio especial en materia tarifaria se establece para actividades de distribución y comercialización, expertos aseguran que Air-e ha realizado esta fórmula de incremento sobre la Tarifa Plena. Una posible irregularidad que debe ser revisada con lupa cuanto antes.
A este cuestionamiento, se suma la poca información y claridad que hay sobre las inversiones realizadas, las mejoras en los indicadores de gestión y calidad, y la reducción de pérdidas. Además de los interrogantes sin resolver acerca de los términos y condiciones del proceso de venta o enajenación de Electricaribe, que según información publicada en su momento por el Consorcio Energía de la Costa habría sido de $285.000 millones, sólo un 10% del valor real, que de confirmarse se convertiría en uno de los detrimentos patrimoniales más grandes del país.
No es de extrañar que la Creg, una entidad que siempre le ha dado la espalda a la Costa Caribe, siga diseñando fórmulas que no tienen en cuenta el impacto que causan en las poblaciones más vulnerables, así como tampoco el fuerte deterioro económico que ha sufrido la región luego de la pandemia. El desproporcionado aumento que muchos usuarios han encontrado en sus recibos de luz los últimos meses, dista mucho del 9,8% anunciado, que ya de por sí es alto. Incrementos de hasta un 70% en las facturas, han denunciado usuarios en la ciudad de Barranquilla junto a las persistentes fallas y deficiencias en la calidad.
La cada vez más compleja problemática de Hidroituango añade una nueva preocupación sobre el futuro energético de la Costa. Un adicional retraso en su entrada en operación, produciría un posterior incumplimiento del compromiso de aportar el 26% de la demanda del Caribe, que desde el año 2019 debía estar entregando. Situación que inevitablemente terminaría afectando a la región debido a que con la compra de energía en bolsa las tarifas podrían aumentar entre un 16% y 30% para el usuario final.
Es más que urgente que el Gobierno Nacional establezca medidas para blindar a la Costa Caribe del aumento en las tarifas de energía. No podemos permitir que se vuelva a repetir la misma historia de Electricaribe, en la que se golpeaba sin contemplaciones, las finanzas de los usuarios residenciales, comerciales e industriales. Elevar los costos del servicio, manteniendo una baja calidad es toda una perversidad. Cuanto más pasa el tiempo, son más las familias del Caribe que se empiezan a quedar sin aire por las altas tarifas.
