Los altos índices de desnutrición infantil y las escalofriantes cifras de muertes por esta causa, dan cuenta de una dolorosa realidad que acecha sin contemplaciones, a nuestros niños y niñas en el país. Esta alarmante situación exige más actuación y menos retórica por parte de todos para lograr la concertación de acciones articuladas que permitan brindar una atención adecuada a la grave problemática.
Además de los retrasos en el crecimiento y las fuertes afectaciones en las capacidades cognitivas e intelectuales de los niños, la desnutrición crónica deja consecuencias irreversibles para la vida adulta que deterioran el desarrollo integral, e impactan el avance social y económico del país. Un flagelo que silenciosamente ha profundizado desigualdades y marcado a comunidades vulnerables.
El deterioro de la seguridad alimentaria de las familias en situación de pobreza, a causa de la actual crisis sanitaria, ha agudizado el panorama de desnutrición y mortandad infantil. Según el informe ‘Desnutrición en la primera infancia; causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables’, presentado el mes pasado por la Defensoría del Pueblo, durante el 2021 se han notificado 8.545 casos de niños menores de 5 años con desnutrición aguda, 38% más con respecto a la misma semana epidemiológica de 2020. También, se han reportado 115 muertes de niños y niñas menores de 5 años relacionadas con su estado nutricional.
Asimismo, el documento señala que entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre de 2021, se notificaron 8 muertes de niños y niñas menores de 5 años asociadas a esta problemática. Una de las conclusiones más impactantes del Índice de Desnutrición Crónica 2020 de la Fundación Éxito, que evaluó la situación de 1.076 municipios del país, con corte a 2018, fue que en Colombia, uno de cada nueve niños menores de 5 años padece de esta condición. Una cifra aterradora que causa un profundo dolor y exige tomar acciones inmediatas y sostenibles que permitan mejorar la situación de salud de los niños menores y garantizar su derecho a la vida.
Factores como vivir en la ruralidad y pertenecer a las poblaciones indígenas presentan mayores prevalencias. Según el Instituto Nacional de Salud, del total de los registros que se han presentado este año, el 44,7% pertenece a la población indígena. El grupo que presentó una mayor cantidad de casos de desnutrición son los Wayúu con un 32,8 % de la población étnica notificada. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), un total de 16.000 niños y niñas están en riesgo de desnutrición o ya la padecen en La Guajira. Un azote que históricamente ha perseguido a la comunidad Wayúu.
En contraste a esta cruel realidad, encontramos el reporte del Banco de Alimentos que indica que en Colombia se pierden anualmente 9,7 millones de toneladas de alimentos, es decir lo correspondiente a alimentar ocho veces a toda la población de La Guajira durante todo un año. Una paradoja que nos lleva a cuestionarnos acerca de la gran desigualdad que se vive en el país.
A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno, nuestros niños y niñas continúan padeciendo a causa de la desnutrición. Los resultados de las políticas implementadas siguen siendo limitados y se encuentran muy lejos de resolver la creciente crisis de desnutrición, que amenaza la vida de miles de niños. Es urgente priorizar en la agenda pública el diseño de políticas eficaces para mejorar la situación alimentaria y nutricional de los infantes, en todas las regiones del país.
Tanto los organismos, como las instituciones del Estado, los entes territoriales y la sociedad civil tenemos la obligación de asistir y proteger a los niños y niñas, evitar más muertes de menores por desnutrición es responsabilidad de todos.
