Los innumerables inconvenientes del proyecto de Hidroituango, producto de los grandes errores en esta megaobra, han causado un grave impacto económico, ambiental y social en el país, que seamos sinceros, difícilmente se podrá resarcir. En estos años de retrasos, los sobrecostos de la obra, incrementaron el valor inicial del proyecto de $11,4 billones a $18,3 billones, lesionando de forma dramática el patrimonio público.
El fallo, sin precedentes, de responsabilidad fiscal proferido por Contraloría General de la República (CGR) en contra de 26 personas, naturales y jurídicas, por más de $4,3 billones por irregularidades en Hidroituango, alienta la ilusión de que se pueda cubrir “un poco” el daño fiscal ocasionado al Estado.
Si bien se trata de una decisión en primera instancia, que todavía tiene un largo camino por recorrer, celebramos que el ente de control fiscal esté avanzando en el sentido de determinar quienes han sido los verdaderos responsables del fallido proyecto, y de recuperar algo de lo perdido.
La investigación de la Contraloría que inició después de la contingencia de 2018 causada por un derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, sustenta con todo rigor la decisión del fallo. A título de culpa grave, los funcionarios y contratistas deberán responder por el daño al patrimonio del Estado producto del aumento injustificado de las inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango y el lucro que se vio afectado por la no entrada en operación en noviembre de 2018.
Además de los atrasos en los diseños, la construcción, la suscripción de contratos, y los defectos en la ejecución del contrato de los túneles de desviación, por mencionar solo algunos de los motivos de la sentencia, en una de las conclusiones, la Contraloría manifiesta que: “la Contingencia no obedeció exclusivamente a una causa externa, sino que la misma fue producto de defectos constructivos, problemas en el seguimiento y control de las obras, como consecuencia de la ejecución acelerada de las obras para intentar cumplir a toda costa con una fecha de entrada de generación de energía”. En pocas palabras, primó la negligencia.
Desde todo punto de vista resulta reprochable la conducta omisiva de algunos implicados en la obra, quienes a oídos sordos, de acuerdo a la CGR: “contribuyeron a poner en una situación de vulnerabilidad el proyecto”. La falta de planeación, los desórdenes administrativos, las omisiones y las malas decisiones, son actuaciones que no pueden pasarse por alto, mucho menos teniendo en cuenta la magnitud del perjuicio causado a todo el país.
Mientras se resuelven los recursos de reposición y apelación por parte de los involucrados, entre los que se encuentran; los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, y las empresas del consorcio constructor CCC Ituango, es importante que se procure aclarar el complejo panorama que tiene actualmente la megaobra. Hay que tener presente que en caso de quedar en firme la sentencia, el proyecto podría enfrentar nuevos retos y riesgos.
Más allá de analizar las repercusiones políticas que supone este fallo para algunos involucrados, es urgente que se empiecen a despejar las dudas sobre el impacto que esta decisión podría causar en la culminación del proyecto y el cumplimiento de la meta de entrar a generar energía en el segundo semestre de 2022. No volver a contar con Hidroituango, en la fecha pactada, pondría en riesgo la seguridad energética del país.
Publicado en: La República
