Las noticias frecuentes sobre cierre de hospitales, incumplimientos de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), quiebras en empresas privadas o públicas del sector y reclamos indignados de los usuarios por malos servicios contrastan con la escasa referencia que están haciendo los candidatos y precandidatos presidenciales a los asuntos de la salud de los colombianos.

Eso no debería ser así. Si hay un sector donde el Congreso ha sido activo en los cambios normativos es la política de aseguramiento y de prestación para garantizar que el sistema de salud, que opera en Colombia como cuasimercado, se reorganice y la responsabilidad de la operación recae fundamentalmente en el gobierno. No solo el nacional, que tiene unas competencias reglamentarias y de control, así como de proveedor de fondos, sino en los entes territoriales, que, además, las tienen de prestadores.

El sistema es complejo y mueve fuertes intereses del mundo financiero, el empresarial, los sistemas de precios en los medicamentos y servicios. Ha venido siendo reformado y la doctrina y la jurisprudencia, que contribuyó a su conceptualización como derecho fundamental, por lo tanto con mayor fuerza para su reclamo en derecho ante los jueces, viene ajustándose a los nuevos principios y mandatos constitucionales y legales.

Tal vez su complejidad e intereses en juego inhiben el debate. Pero los colombianos sí lo exigen, a juzgar por las encuestas que ubican entre los primeros lugares sus demandas por servicios de salud.

El gobierno tiene que dar más certezas en todos sus niveles. En el caso de Medimás, por ejemplo, el Congreso autorizó no solo intervenciones sino que aplicó 320 mil millones de pesos a su antecesor Cafesalud y los resultados hoy no son satisfactorios. La nueva normatividad obligó a liquidaciones y cambios diversos, incluyendo la propiedad, en las EPS que están quebrando a los hospitales públicos y privados en todo el país. En Barranquilla el déficit suma 135 mil millones de pesos y acaba de crearse un nuevo operador de la oferta pública, de paso, vale decir, con reparos de la opinión por escasa información y severas advertencias de que el modelo es de riesgos. El déficit de la oferta departamental supera los 120 mil millones, de los cuales el CARI de Alta Complejidad genera la mitad, que lo conduce a reformular su oferta o a la quiebra porque es insostenible un déficit de operación que suma 1.500 millones de pesos cada mes.

No solo aquí. En todo el país están cayendo establecimientos, algunos con larga tradición científica. No hay respuestas satisfactorias sobre las deudas que están dejando las EPS que se liquidan. Eso condena la cadena de servicios a los usuarios de manera injusta porque no son responsables de malas decisiones u omisiones de terceros. La consecuencia es más inestabilidad en las prestadoras de servicios (hospitales, laboratorios, entre otros).

Colombia debe aumentar su participación en el PIB del sector salud para cumplir las metas que le imponen sus propias políticas y las que forman parte de los compromisos internacionales como las derivadas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Pero urge, ante todo, hacer eficiente lo que tenemos.

La pereza programática de las campañas en materia de soluciones a lo que realmente demandan los ciudadanos ignora el debate sobre la salud y eso no debe ser. El Congreso ha sido y puede seguir siendo receptor de los cambios que deben adoptarse como ajuste frente a la normativa constitucional ahora vigente pero conviene que se logren consensos en el debate público que estimulan las campañas presidenciales. De ellas emanan, o deben emerger, ideas que se desarrollan también en la campaña para renovar el Congreso y mejores decisiones administrativas en los niveles gubernamentales.

De esta manera, avanzaremos mejor frente a unos servicios que son todavía deficientes, en algunos casos mortalmente deficientes, y duelen a los colombianos.