La persona o grupo de personas responsables por el hurto de cualquier tipo de servicio podrían enfrentar también de 16 a 72 meses de prisión.

El hurto de energía y de otros servicios públicos es una de las prácticas que más afecta a las empresas que se encargan de prestar esta asistencia y, por ende, a la ciudadanía en general. Y, aunque este hurto o estafa se da de manera general en el país, lo cierto es que, la Costa Caribe es la región con mayores pérdidas mensuales por este delito. La problemática se debe a un recuento de años en que empresas como Electricaribe presentaron índices deficientes en cuanto a la calidad del servicio y, por lo tanto, cifras altas en conexiones ilegales en cuanto a electricidad.

Defraudación de fluidos

Para entender mejor la estructura legal de esta práctica es necesario explicar cuál es el delito y dónde está tipificado. Según el abogado penalista Andrés Acosta Bohórquez “en Colombia el legislador estableció una sanción especial para este tipo de apropiaciones, la cual está contenida por el artículo 256 bajo el nombre defraudación de fluidos”. El penalista agregó que el delito tiene lugar cuando una persona, de manera clandestina, altera el sistema de suministro de cualquier clase de fluido, ya sea eléctrico, de agua, gas natural o señal de telecomunicación.

En cuanto a las multas, el abogado aseguró que el delito puede tener sanciones económicas que oscilan entre 1,33 a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Además, la persona o grupo de personas responsables por el hurto de cualquier tipo de servicio podrían enfrentar también de 16 a 72 meses de prisión.

“Para adelantar la investigación de estos delitos, quien pone en conocimiento a las autoridades son las empresas de servicios públicos que muchas veces en ejercicio de mantenimiento o seguimiento, o por alteraciones que les muestran en los registros respecto de los consumos, se dan cuenta de la manipulación del sistema de suministro que ellos tienen y ponen en conocimiento de las autoridades competentes”, dijo Acosta Bohórquez.

Las acusaciones pueden hacerse ante la Fiscalía para investigar quiénes son los responsables del delito o, si ya se tiene conocimiento de los autores, cabe la posibilidad de denunciar directamente a los responsables.

Sobre las investigaciones, algunas empresas que sufren irregularidades en el servicio por defraudación de fluidos han afirmado que tienen planes de acción para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. EPM, por ejemplo, afirmó que “en un convenio realizado entre EPM y la dirección general de Fiscalías, se designó a un fiscal y a funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones CTI para conocer de los procesos de defraudación de fluidos Lo que hace más ágil el proceso de denuncias penales a los defraudadores”.

La empresa agregó que los funcionarios públicos tienen la obligación expresa de denunciar las acciones que impliquen un detrimento para las organizaciones de corte industrial o comercial del Estado. EPM afirma que la personas puede acarrear también el delito de concierto para delinquir, cuyas penas pueden alcanzar hasta los 12 años de prisión.

El caribe es el más afectado

En el Código Penal se castiga la captación ilegal de cualquier tipo de servicio público; no obstante, la energía es el rubro más afectado. El senador José David Name recordó que la empresa Air-e en Atlántico reportó pérdidas de 29% por captaciones ilegales de energía; el problema puede ser representado de igual forma con 130 millones de kilovatios perdidos al mes, por lo cual la empresa deja de percibir alrededor de $40.000 millones.

En otros departamentos como La Guajira y Magdalena, las cifras ascienden aún más con pérdidas de 40% y 30%, respectivamente. “Una de las problemáticas que más afecta la prestación del servicio eléctrico en la Costa Caribe es el hurto y el fraude a través de las conexiones ilegales, la manipulación de medidores o la intervención en las conexiones. El impacto de estos delitos, no solo lo reciben las finanzas de las empresas comercializadoras de energía, sino también los usuarios a quienes se les trasladan los costos en sus facturas y se les disminuye la calidad del servicio”, afirmó Name.

El trabajo de las empresas

El senador también destacó que empresas como Afinia y Air-e heredaron una tarea sumamente compleja cuando se instauraron como los nuevos operadores en el Caribe. Agregó que la tarea de las empresas durante los primeros ocho meses de gestión han estado encaminadas a desarrollar campañas de sensibilización y operativos para parar la manipulación de medidores y equipos de medida.

Publicado en: Asuntos legales