Está en negociaciones entre la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, con apoyo de Probarranquilla y la Cámara de Comercio, por una parte, y asociados de la multinacional mexicana DeAcero, por la otra, la posibilidad de mantener el proyecto privado para instalar en Juan Mina una planta siderúrgica con inversión de 200 millones de dólares que apalancaría el desarrollo industrial regional y generaría al menos 1.500 empleos en su fase de construcción.

Las negociaciones fueron motivadas porque los mexicanos anunciaron hace una semana que no harán el proyecto, que ya lleva cuatro años de trámites, debido a los altos costos de una servidumbre que requieren para llevar la energía de 220 kilovoltios desde la estación Nueva Barranquilla a la planta proyectada en Juan Mina, donde tienen 34 hectáreas.

Les proponen a los gobiernos que permitan para la servidumbre usar terrenos públicos, en vez de privados, que era el diseño inicial. Los costos, si se acepta la propuesta, serian asumidos parcialmente por la Gobernación y la Alcaldía. Implica comprar más tierras para ampliar la vía Barranquilla - Juan Mina que se va a reconstruir a un costo inicial de 60 mil millones de pesos y dar cabida con esa ampliación a las líneas de transmisión de la siderúrgica proyectada.

Se trata de un caso en que, por la importancia estratégica del proyecto, activó una movilización pública y gremial en Barranquilla para hacerlo posible. Tiene sentido. La inversión privada es muy sensible a los factores de competitividad territorial y Barranquilla anda mal en los indicadores para hacer negocios que miden el Banco Mundial y el Consejo Privado de Competitividad de Colombia, entre otras agencias. Cualquier proyecto que se malogre tiene un alto costo de oportunidad que debe ser prevenido si el objetivo que nos hemos trazado es atraer inversiones de alto valor estratégico y las siderúrgicas lo son en todo el mundo. Esta sería la primera gran planta en el Caribe. Colombia importa 2.4 millones de toneladas de acero y esta planta bajaría las necesidades.

Pero tenemos en Barranquilla problemas severos en confiabilidad de la justicia para resolver conflictos, en trámites excesivamente demorados, en multiplicidad tributaria territorial, en garantía de prestación de los servicios de electricidad y carencia todavía de mano de obra calificada. No hemos podido estructurar una confiable Comisión Regional de Competitividad que active y anime el debate permanente sobre todos los elementos que hacen posible la atracción y permanencia de los negocios. Además, que incida efectivamente en la toma de decisiones sobre políticas en productividad, innovación, competitividad, ciencia y tecnología.

Hay avances importantes en Barranquilla en materia de promoción de las inversiones. Ayuda en ello la euforia artificialmente construida de que estamos muy bien en los factores para el desarrollo económico y que mejoramos en desarrollo social. También, ayuda la creciente oferta universitaria y los obvios beneficios que se dan por la condición portuaria de la ciudad. Barranquilla ya tiene un equipamiento para grandes inversiones en su territorio y su entorno. Además, con el tiempo hemos fraguado políticas económicas y proyectos concretos de infraestructura que generan confianza inversionista. En el Congreso hemos dado batallas y el presente gobierno ha atendido mejor a la región que en el pasado.

Por eso anuncios como el retiro de un proyecto sobre el cual se ha venido haciendo esfuerzos en su preparación (goza en este caso de exención de impuesto predial por diez años de operación y ya tiene aprobado el plan parcial para hacer posible la instalación de la planta) constituyen un golpe fuerte, que no tiene porqué sorprender porque ya venía sabiéndose de alertas por nuestros problemas de garantías en materia energética y trámites. Se habla aquí de especulación en los precios para la servidumbre como el motivo determinante para el levantamiento del proyecto pero no podemos ignorar la estabilidad en el suministro de electricidad derivado de la crisis terminal de Electricaribe.

¿Qué nos pasa para que los proyectos de alto impacto tengan tanta demora en su proceso de consolidación? ¿Cuestión cultural? ¿La arquitectura institucional pública y privada que tenemos en Barranquilla y el departamento sirve para concretar las ideas de grandes negocios?

No, dicen los estudios de competitividad. Entonces, ¿cuáles son las acciones que deben emprenderse?

Ya existe, en primer lugar, una estructura institucional del Distrito que se dijo hace un año que estaba concebida para hacer del empresarismo gestión prioritaria de la agenda del gobierno. No se percibe todavía que esté funcionando como debe ser. Como señalamos arriba, hay paquidermia en la actuación de la Comisión Regional de Competitividad. Se dejaron sin usar, por otra parte, recursos de ciencia y tecnología de origen en regalías que pudieron activar procesos productivos. Hay que pellizcarse para no aparecer atajando levantamientos de las carpas de quienes ya están con nosotros.

En resumen, falta mayor efectividad todavía para la pretendida consolidación industrial de este territorio. Hay que prevenir los apuros de los momentos extremos cuando se han perdido las oportunidades de hacer a tiempo los arreglos. La inversión es volátil. La competencia internacional para la localización es dura. Debe haber más correspondencia entre la imagen atrayente que se anuncia y la realidad concreta para no continuar en un ambiente de artificios que se caen con un simple oportunismo de algún actor público o privado, como es este caso de las servidumbres imposibles por costosas.

La competitividad de Barranquilla es cosa seria y no está bien planteada ni bien ejecutada como política para ganar en nuestra apuesta como ciudad global. Tenemos todavía demasiadas fisuras.