Si bien en el país se avanzan nuevas acciones para controlar la deforestación, todavía continuamos recibiendo fuertes golpes por este flagelo que atenta contra nuestra biodiversidad. Una problemática ambiental que escala a niveles dramáticos en la Amazonía colombiana, donde la pérdida de bosques no se detiene.

No contar durante tantos años con una sólida política de lucha contra la deforestación nos está pasando una costosa factura. Ignorar la vocación forestal que tiene Colombia al poseer un 53% del territorio nacional cubierto por ecosistemas boscosos, y estar entre los tres países de Suramérica con mayor área en bosques, ha sido un grave error que nos está dejando como resultado una catástrofe ecológica.

Esta compleja problemática derivada del aumento de los incendios forestales, la expansión de la frontera agrícola y ganadera, el tráfico de madera, la minería ilegal, la gestión inadecuada de la tierra y la siembra de cultivos ilícitos, exige un trabajo articulado desde todas las instituciones del Estado en el que se priorice la protección de nuestros ecosistemas.

La intensa degradación que se presentó en la década anterior, cuando la cifra de las hectáreas de bosque arrasadas pasó de 178.597 en 2016 a 219.973 en 2017, desató graves problemas socio ambientales en el país que han contribuido a la pérdida de biodiversidad, el aumento de la pobreza y el deterioro de la calidad de vida de la población. Aun cuando, según el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en el 2019 se registró una reducción en un 19% en comparación con el año anterior, las cifras y el impacto siguen siendo muy altos.

La incertidumbre que ronda el balance de la deforestación en Colombia durante el 2020, que aún no ha sido entregado por el Ideam, está creciendo con el reciente informe Global Forest Watch, divulgado por el World Resources Institute (WRI), que indica que el año pasado los incendios y la tala de árboles destruyeron 4,2 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en el mundo, un alza del 12% respecto a 2019. Un panorama desalentador que coincide con las proyecciones de los expertos que advierten un posible incremento del 15% en las cifras de deforestación en el país.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara a la Presidencia de la República y a las demás autoridades nacionales, regionales y municipales, adoptar un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para proteger a la Amazonía Colombiana, se han visto esfuerzos del Gobierno para avanzar en este sentido como la implementación de la estrategia “operación Artemisa”. Sin embargo, la problemática ambiental todavía persiste porque, entre otras cosas, no se ha abordado de manera integral la compleja situación de la formalización de la tierra y el ordenamiento del territorio.

Esperamos que la nueva hoja de ruta que está trazando el Gobierno Nacional para cumplir la meta cero deforestación neta en el año 2030, luego de la aprobación de la "Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques” que realizó el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), se continúe por buen camino. El país necesita una clara política pública que nos permita ganar la lucha contra la deforestación.

Recientemente, radicamos en el Senado de la República el Proyecto de Ley 425 de 2021 con el que buscamos modificar la Ley 1333 de 2009 para ajustar el procedimiento sancionatorio ambiental y de esta forma contribuir al fortalecimiento de la protección y cuidado del medio ambiente. Vamos a reforzar las herramientas legales para luchar contra la deforestación y las prácticas criminales que atentan contra la naturaleza.

El 2021 será un año clave para dar inicio a una nueva década en la que se priorice la agenda ambiental en el país. Evitar la pérdida irreversible de hábitat naturales y recursos genéticos es una tarea imposible de postergar, que requiere del compromiso de todos.