Darle a la movilidad sostenible el despegue que merece, es una tarea que se debe acelerar en el país si queremos obtener resultados significativos en la mitigación de los efectos del cambio climático, y avanzar en la transición energética. En este escenario, es preciso eliminar las barreras que obstaculizan y entorpecen el camino hacia la modernización del transporte en Colombia.
Al ser el sector transporte uno de los mayores consumidores de energéticos a nivel nacional con un 40%, del cual el 96% proviene de combustibles fósiles, su transformación resulta clave para lograr el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de CO2 y la electrificación sostenible de la economía colombiana. Privilegiar el uso de la electricidad en el transporte nos permitirá contar con una movilidad ecológica, eficiente, silenciosa y libre de combustibles fósiles.
Para dinamizar la conversión de la movilidad sostenible se hace necesario el ajuste de la normatividad colombiana a las demandas. Si bien desde el 2019 el país cuenta con la Ley 1964 que promueve el uso de vehículos eléctricos, y recientemente se han emitido decretos como el 191 de 2021 sobre la identificación de parqueaderos preferenciales para vehículos eléctricos, todavía estamos en pañales frente a este tema.
La ruta de inicio que marca la Ley 1964 al establecer beneficios entre los que encontramos la reducción en el impuesto de compra, descuentos en el SOAT, menores costos en cuanto a las revisiones técnico-mecánicas, no restricciones en la circulación y otros, abre el camino a la movilidad eléctrica sostenible. Sin embargo, esta transición a mediano o largo plazo dependerá del trabajo articulado entre los actores públicos y privados.
Al revisar la ambiciosa apuesta trazada por el Gobierno Nacional en cuanto a movilidad sostenible con metas como lograr que para el 2035 el 100% de los vehículos públicos adquiridos para Sistemas de Transporte Masivo sean eléctricos o con cero emisiones contaminantes, y los compromisos que tenemos como país ante la comunidad internacional en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre calidad del aire y cambio climático, se evidencia la urgente necesidad de coordinar nuevas estrategias y una normativa efectiva en torno al fomento del transporte sostenible.
Pese a las dificultades en el mercado, derivadas de la pandemia mundial, en la actualidad Colombia se mantiene como el país de América Latina en el que se venden más vehículos ecológicos, entre híbridos y eléctricos, según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible – ANDEMOS. Un dato que alienta sobre la buena dinámica y el futuro de este sector, que tiene una demanda creciente.
En el proyecto de ley 365 de 2020 Senado que estamos promoviendo en el Congreso de la República para fortalecer la transición energética, además de la modificación a la normativa referente a las energías renovables, hemos incluido nuevos incentivos económicos a la electromovilidad con el fin de fomentar el uso eficiente de la energía eléctrica en la movilidad de pasajeros y propender por la electrificación de la economía, lo anterior impulsando el mercado de vehículos eléctricos y el despliegue de la infraestructura de carga.
Son muchos los retos que tenemos por delante para lograr verdaderos avances hacia la electromovilidad, entre ellos: derribar los paradigmas; conseguir la movilización del sector transporte, la industria y los gobiernos locales; integrar la sostenibilidad a las infraestructuras urbanas; desarrollar infraestructura eléctrica de recarga pública, por mencionar solo algunos. Pero hoy podemos afirmar que se está allanando, de forma correcta, el camino de la movilidad sostenible en Colombia.
