Esperaría Colombia una respuesta alentadora frente a la pregunta formulada en esta columna, que hacemos luego de recibir una serie de informes y quejas que despiertan profunda preocupación respecto de uno de los temas más sensibles de la reconciliación y el posconflicto.

De acuerdo con la reseña institucional, la Unidad para la Atención y Reparación Integral fue creada en enero de 2012, a partir de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.

En ese contexto, la Unidad busca el “acercamiento del Estado a las víctimas mediante una coordinación eficiente y acciones transformadoras que promuevan la participación efectiva de las víctimas en su proceso de reparación”. En conclusión, es la encargada de coordinar las medidas de asistencia, atención y reparación otorgadas por el Estado, y articular a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

La Unidad es una entidad del orden nacional con autonomía administrativa y patrimonial perteneciente al sector de la Inclusión social y la reconciliación, liderado por el Departamento de la Prosperidad Social –DPS. Anualmente este sector maneja una asignación presupuestal del orden de los 9 billones de pesos.

De acuerdo con los documentos Conpes 3712 y 3726 de los años 2011 y 2012, respectivamente, el presupuesto oficial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a pesos de 2011, para el periodo comprendido entre el 2012 y el 2021, asciende a 55 billones de pesos que deben destinarse a la asistencia, atención, reparación y otros de las víctimas. No es cualquier cifra de la que hablamos y por su monto y el objetivo que persigue, merece un profundo control político.

La Unidad tramita las llamadas indemnizaciones, como una medida de reparación integral que entrega el Estado a las víctimas “en compensación económica por los hechos victimizantes sufridos, que busca ayudar en el fortalecimiento o reconstrucción de sus proyectos de vida.”

La indemnización administrativa se paga a las víctimas de los siguientes hechos: Homicidio, Desaparición forzada, Secuestro, Lesiones personales que generaron incapacidad permanente o discapacidad hasta 30 y 40 SMLMV, Reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, Delitos contra la libertad e integridad sexual, Tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y Desplazamiento forzado.

El tiempo para recibir la indemnización depende del número de personas u hogares que se encuentren dentro de los criterios de priorización. El propósito es indemnizar tantas víctimas como el presupuesto lo permita, haciendo la salvedad de que al año siguiente se atiende y así sucesivamente debe ocurrir mientras rija la Ley.

Pero la hoja de ruta de la Unidad de Víctimas está llena de problemas que si no se resuelven de inmediato generarían una inviabilidad que haría colapsar una de las aristas más importantes de la reconciliación, la paz y el posconflicto. Desde hace mucho tiempo suscita dudas la operación de la Unidad a cargo de Millenium a nivel nacional.

Actualmente los procesos de documentación y validación de núcleos por hechos victimizantes de desplazamiento forzado, homicidio y desaparición forzada están paralizados hasta nueva orden. Según lineamientos de la misma Unidad, en los enlaces de reparación presencial que están en puntos de atención solo se cumplen asesorías en derecho de la reparación, que es como una encuesta que se realiza a las víctimas, pero no tiene influencia alguna frente al tema de indemnización.

Además de lo anterior, se entregan Cartas de Dignificación a las personas que buscan estas asesorías como parte de las medidas de satisfacción. El documento no tiene valor económico, simplemente es un modelo ya fijado y firmado por la directora en el que se le dice a la víctima que la Unidad siente preocupación por todo lo sucedido y que trabaja para garantizarle la reparación a la que tiene derecho. Sin embargo, la carta no contempla ningún valor económico.

Según lo establecido por la ley, las indemnizaciones deben pagarse hasta el 2021. Hoy solo se les entregan a las personas que cumplan con los criterios de priorización, lo cual no se cubre en su totalidad. Hay personas con enfermedades graves catastróficas, ruinosas, de alto costo, pero deben certificar a través de un médico tratante adscrito a la EPS con firma y sello y las entidades prestadoras de salud no quieren expedir muchas veces estos certificados. Es un verdadero drama.

Demasiadas personas asisten a los puntos diariamente buscando una respuesta frente al tema de la indemnización, pero los procesos apenas alcanzan a comenzar y se le dice al interesado que tiene que volver o debe esperar una llamada. Otra interminable tortura. En estos momentos la mayoría de resoluciones que se tramita es para decirle a la víctima que se le suspenderá la ayuda humanitaria para entrar a la ruta de la reparación. ¿Cuánto más durará el calvario?

He aquí una situación y un panorama dignos de control político en el Congreso de la República, que igualmente merece la intervención de todos los órganos de control por las sensibles implicaciones que tiene.

Hablamos de más de 8 millones de compatriotas que han sufrido el impacto del conflicto. Repararlos no es solo un hecho económico, sino que incluye aspectos como la educación, la salud, el empleo, la generación de proyectos productivos, entre otros, encaminados a mejorar su condición de vida después de la violencia que les arrebató familias y bienes. Esa es la misión por la que debemos velar todos. Si la Unidad tiene problemas, es urgente resolverlos. Por favor escríbame a jname@josename.com