Ni siquiera por estar en orillas políticas diferentes podría decir que la situación de inseguridad en Barranquilla se debe al alcalde Alejandro Char o a un simple descuido de la Policía Nacional u organismos de inteligencia del Estado.

Además, no es un problema exclusivo de Barranquilla porque la violencia y el crimen se han tomado las principales ciudades colombianas producto de una escasa inversión social, la falta de oportunidades para jóvenes en formación y profesionales y desafortunados decretos gubernamentales que le quitan las armas a la gente de bien pero se las dejan a las bandas delincuenciales en contubernio con ciertos sectores de la Fuerza Pública.

Podríamos admitir que se registran algunos avances en el proceso de erradicación de la pobreza, otorgamiento de subsidios a franjas de población necesitada, implementación de cupos escolares, programas de emprendimiento y cubrimiento en salud, entre otros aspectos de la política social, pero la acción estatal en estas materias resultan insuficientes y quienes no son cobijados por ella se ven obligados a los menesteres de la criminalidad y el sicariato para la subsistencia.

De ninguna manera el hecho de no tener un empleo o no estudiar, pueden justificar la creación de pandillas, el alebrestamiento juvenil, la dedicación al atraco callejero o residencial ni la inscripción a una escuela criminal. Pero sin duda el hecho de sentir desprotegida a la familia o tener el estómago ardiendo por el hambre, llevan al desespero y a la conducta delincuencial.

Somos conscientes de lo que han significado y significan las horas, el esfuerzo institucional, la consagración humana, el estudio y la paciencia dedicados al acuerdo de paz que se firmó con las FARC y hoy se encuentra en proceso de implementación y desarrollo bajo la dirección del Presidente de la República.

No obstante, el Gobierno no puede circunscribirse solo a esa tarea por muy capital que resulte para el futuro de la vida nacional, porque la desatención a todo lo demás que contempla el plan de desarrollo y lo que resulta de la coyuntura diaria es motivo para descuadernar la vida de quienes operan por fuera del conflicto armado aunque estén impactados de una u otra forma por la confrontación ideológica.

Colombia quiere paz pero no desea que se silencien los fusiles de la guerrilla a cambio de incrementar el sonido de las armas y el movimiento de las bandas criminales en nuestras ciudades, avasallando a la juventud y a millares de hogares que sufren el delito o la muerte de un ser querido víctima de las bacrim.

Colombia merece la paz pero no puede sucumbir ante una criminalidad desbordada y en ese contexto todas las instituciones del Estado y los distintos niveles del poder territorial deben ponerse de acuerdo y coordinar la interdisciplinariedad para doblegar el delito, porque resultan muy altos los costos del crimen y la violencia en el bienestar del país y sus regiones.

Barranquilla podría llegar al finalizar enero de este año a 50 o 60 muertos por cuenta de la inseguridad. Las cifras del país para este periodo son de pronóstico reservado y a pesar de los anuncios oficiales, sabemos que los investigadores criminales, los hogares de paso, los fiscales en las distintas unidades y las cárceles no dan abasto frente a lo que ocurre.

Podríamos quintuplicarlos pero si no enfrentamos el delito desde una mejor justicia y una mayor inversión social, estaremos perdiendo el tiempo y antes que hallar una solución empeoraríamos.

Pero una mejor justicia y una mayor inversión social deben ir dotados de estudios sobre la inseguridad, los indicadores de la delincuencia, las estadísticas penales, las necesidades de los jóvenes, los frentes sobre los cuales se requiere abrir oportunidades, la equidad de género y la estabilidad de la familia, entre otros factores. El tiempo apremia, es decir, debemos actuar con prontitud para que el delito no nos gane la partida.

Afirma el papa Francisco: “Un país vive en paz no cuando tiene un gran ejército que infunde temor o una policía que reprime por la fuerza cualquier brote de violencia, sino cuando en él se trabaja por dar a cada persona el goce de sus derechos”.

Mi invitación es, entonces, a que trabajemos por el goce de los derechos humanos de cada barranquillero, de cada colombiano, tarea en la cual debemos trabajar con intensidad, profundidad y conciencia. En Barranquilla y en cada alcaldía los mandatarios deben convocar a ese trabajo a todos los sectores, sin exclusiones, porque la urgencia es pensar y obtener resultados para el bienestar colectivo. Por favor visite www.josedavidname.com o escríbame a jname@josename.com