Me preocupa el futuro de un país como Colombia que cesa el conflicto guerrillero, pero se embarca en el problema de los cultivos ilícitos que cada día es más grave.

Estamos logrando que la paz regrese al país tras largas décadas de guerra, pero si bien la economía tiene aún signos positivos y la inversión social le gana terreno a la pobreza es inquietante que naveguemos en mares de cocaína.

Durante la primera semana de julio de 2016, la Organización de Naciones Unidas, ONU, concluyó que Colombia era el principal productor de coca en el mundo, superando guarismos de Bolivia y Perú lo que ya es mucho decir.

Entre el 2008 y el 2016 Colombia (informe ONU), en lugar del descenso, observó el alza en el número de hectáreas de coca y a pesar de los anuncios para combatir el cultivo éste creció en un 39 por ciento pasando de 48 mil a 96 mil has.

El asunto se torna más delicado si tenemos en cuenta el dato reciente de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por su sigla en inglés), según el cual los cultivos de coca ascienden a 188 mil hectáreas, que podrían generar unas 700 toneladas del producto. Para el gobierno solo importa que se haya perdido el ritmo de incremento del cultivo entre el 2015 y 2016 al pasar de 160 mil a 180 mil hectáreas, cuando venía subiendo de 120 mil a 160 mil de 2014 a 2015. Cauca, Nariño, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo, representan el fuerte del alcaloide.

Entendemos que no es ni puede ser un asunto sencillo de resolver por los volúmenes de población que se han vinculado a esta actividad ilícita en términos de siembra, recolección, producción y comercialización, además de las inmensas sumas de dinero que mueve.

Cocaína y marihuana se confirman como las nuevas lacras colombianas, en medio de unas autoridades que encabezadas por el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, parecen incapaces de controlar la aparición y consolidación de bandas criminales distintas a la subversión que se aprovechan de la vulnerabilidad de ciertos territorios y de que se disminuya la percepción de riesgo a raíz de la suspensión de la fumigación, que en mi opinión ha sido un craso error.

Estoy convencido de que Colombia debe volver a fumigar los cultivos ilícitos y en este sentido comparto las tesis que expresó recién asumió el cargo el señor Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, especialmente lo que dijo en un documento de siete páginas al entonces ministro de Justicia, Jorge Londoño. (http://www.semana.com/nacion/articulo/fiscal-nestor-humberto-martinez-pide-fumigar-cultivos-ilicitos/493122)

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha dicho que Colombia trabaja con Estados Unidos en una solución estructural al problema de los cultivos ilícitos y recalcó que el plan para eliminarlos “es posible gracias al fin del conflicto con las Farc e incluye la firma de convenios con campesinos, planes de desarrollo y la erradicación forzosa, que tienen el apoyo de EEUU porque ven que es un plan coherente, realizable y sobre todo efectivo”.

Quiero confiar en la palabra gubernamental y hago votos para que desde las distintas opciones que se tienen, incluyendo la reactivación de las fumigaciones, podamos avanzar de manera más drástica en la reducción de los cultivos y en el combate a las mafias que de manera desenfrenada se enriquecen cada día con la coca, estimulando el microtráfico que amenaza a nuestros jóvenes, cambiando por la muerte la esperanza de millares de hogares.

No obstante el deseo que podamos albergar, nos causa muchas dudas el papel que pueda estar jugando en toda la tarea el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien además de estar hablando de unas u otras cifras respecto de los informes sobre cultivos de coca, no muestra un solo informe contundente en relación con el detrimento de la actividad ilícita. Solo veleidades.

Nos estamos inundando de coca, y tal vez lo único que al Ministro de la Defensa le interesa es pasar largos meses perfeccionando el traslado de batallones militares en Pereira y Barranquilla para privilegiar a constructores privados que han presionado la aprobación de reformas a los POT con el fin de habilitar edificación de viviendas y locales comerciales y supuestas zonas de protección ambiental. Proyectos de inversión que fácilmente superan los mil millones de dólares.

¿La promoción de negocios de particulares aun sacrificando el futuro del país en la lucha contra el narcotráfico es labor que corresponde al Mindefensa? Pensamos que ese no debe ser el trabajo del Ministro de la Defensa Nacional y en este contexto es mucho lo que debe explicar a los colombianos el señor Luis Carlos Villegas. Para debatir lo que ocurre en el terreno de lo público. Por favor escríbame a jname@josename.com