Todo acto de violencia merece no menos que el repudio y cuando se recrudece la situación en una zona que ha puesto una cuota innumerable de víctimas, lo mínimo que se espera y exige es la atención de toda la Nación. Nuestros hermanos del Cauca ya han pagado demasiado en este conflicto armado, por eso con dolor de patria, rechazo y condeno ardientemente las recientes masacres, y sirvan estas palabras como mi ofrecimiento de condolencia para los seres queridos de las víctimas.

Primero, un grupo disidente de Las Farc arrebata la vida a cinco indígenas, cinco personas y dejan a seis más heridas, incluyendo autoridades de Tacueyó, Toribío, Cauca. Y en la tarde de este jueves acontece una nueva masacre, por cuenta del narcotráfico, que cobra la vida de cuatro personas más, que aunque no eran nativos, no le resta ningún valor al hecho más importante: están atentando en contra de la paz.

Estos dos hechos, aislados o no, simbolizan un fuerte llamado a todas las organizaciones sociales, políticas e instituciones con potencial para diálogos de construcción de paz, donde se abran brechas y se busquen posibles estrategias, soluciones y recomendaciones que nos acerquen a preservar y prolongar lo que logramos desde el pasado 26 de septiembre de 2016: la esperanza de una paz estable y duradera. Tal vez no una paz perfecta, pero sí una construida con la memoria de los que dieron su vida por ella y con el deseo inequívoco de un pueblo colombiano cansado y desgastado por un conflicto armado plagado por el narcotráfico, el secuestro y el terrorismo.

Así las cosas, nada conviene más para los intereses del Norte del Cauca y para el resto del territorio colombiano, que aunemos esfuerzos, el Ministerio de Defensa haciendo lo propio, pero los demás actores también estamos llamados a participar. Mi credencial y mi voz está presta para apoyar todas las medidas que nos ayuden a erradicar completamente la violencia que provocan los grupos armados al servicio de los cárteles mexicanos, así como los insurgentes que continúan delinquiendo, pero al mismo tiempo, mitigando todas las necesidades sociales del departamento.

En el último inciso del artículo segundo de la Constitución de 1991, se reconoce y protege el valor de cada uno de los residentes del territorio nacional, por esto, se establece el deber de proteger a dichas personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Por su parte, el artículo 7 de la Carta Magna da la orden de proteger nuestra diversidad étnica y cultural. Por esto es imperante abrir el diálogo constructivo para robustecer tanto la fuerza pública, como el tejido social que tanto se ha atropellado en estos más de 50 años de conflicto armado.

Estos deberes constitucionales no son simbólicos, son Principios y Fines Esenciales del Estado Social de Derecho, son un hecho axiomático, y su observancia y cumplimiento recae en todos los funcionarios que juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Recordemos con nombre propio a las víctimas recientes y que la sangre derramada de Cristina Bautista y Crescencio Trompeta frenen las intenciones de los violentos de empujar el país hacia un nuevo conflicto armado de consecuencias catastróficas hacia el futuro de nuestra patria, la sangre de estos valientes nos recuerda que no hay paz mala ni guerra buena.

Respaldo la propuesta de Carpa Blanca que llega desde la Defensoría del Pueblo contra la violencia en el Departamento, cualquier estrategia producto de un foro donde nos reunamos los representantes del Estado y las comunidades, la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Fiscalía, entre otros, será sin duda la mejor opción para extirpar sistémicamente la violencia y restaurar seguridad en el Departamento del Cauca.