El Atlántico es quizás, de los departamentos que conforman la Región Caribe, el que mayor potencial para desarrollo evidencia, siendo esto motivo de orgullo para quienes hemos tenido el privilegio de nacer y de hacer política en él.
 
Pero a pesar de todos esos avances por el cual es reconocido a nivel nacional, el departamento del Atlántico lidera según el Consejo Nacional Electoral junto con Antioquia el listado de los departamentos con el mayor número de cédulas anuladas por incurrir en la conducta delictiva de trashumancia electoral según datos revelados por este órgano de control electoral. Según dicho informe, en el Atlántico se anularon 125.208 cédulas por trashumancia de las cuales 55.920 de ellas fueron en Barranquilla representando esto el 44% del total en el departamento.

Resulta profundamente alarmante la situación presentada en el departamento del Atlántico y Barranquilla particularmente, sobre todo por la existencia de extremos controles y vigilancia a los procesos electorales, a lo que se le suman las leyes expedidas por el Congreso de la República, en particular la Ley 1864 del 2017 con la cual se busca la protección de los mecanismos de participación democrática en Colombia.  En esta ley no solo se ampliaron las sanciones a los infractores sino que también se crearon tipos de conductas reprochables en el código penal y que atentan contra el libre ejercicio de la democracia y del derecho político de todos los colombianos. Lamentablemente a pesar de ese esfuerzo que desde el Congreso se viene haciendo para erradicar las malas prácticas contra la democracia pareciera que aún no se toma conciencia por parte de algunos ciudadanos de las implicaciones que de estas se derivan.
 
Lo sucedido en el Atlántico con el número tan alto de inscripción de cédulas anuladas, no puede pasar inadvertido para la ciudadanía en general, y por quienes ejercen el derecho político de elegir; como congresista y ciudadano vengo haciendo desde hace ya algún tiempo un llamado a la reflexión sobre las implicaciones que esto conlleva sobre todo cuando lo que se pretende es la escogencia de las autoridades para que nos gobiernen y para el ciudadano en sí.
 
Como ciudadano tengo el derecho no solo de exigir el cumplimiento de las leyes y alertar las situaciones que pongan en peligro la institucionalidad del Estado, igual me asiste el deber de denunciar aquellas situaciones que pongan el proceso eleccionario en peligro, tal es el caso denunciado en días pasados sobre el municipio de Juan de Acosta donde se informa la suplantación de votantes que se presentará sino se toman las acciones respectivas por parte de los órganos de control  tras recibir múltiples denuncias en ese sentido en mi despacho.  Aún sigo Esperando la respuesta de la Registraduria Nacional del Estado Civil, frente a la solicitud de implementar medidas biométricas el próximo domingo a fin de que eso no suceda y sus habitantes puedan realmente elegir en forma legítima.
 
Independientemente de las medidas u omisiones de las Autoridades en el marco debate electoral en que nos encontramos, considero imperativo la realización de una vigilancia periódica y exhaustiva  por parte de los órganos llamados por mandato constitucional  ha hacerlo no solo en tiempos pre y electorales con el fin de erradicar estas prácticas no solo en Barranquilla y el departamento sino en todo el país.
 
Hago nuevamente un llamado a las autoridades electorales y los órganos de investigación y penalización para que no sean indiferentes frente las múltiples situaciones de fraude denunciadas para las elecciones del próximo domingo. Es la democracia la que está en juego. Si lo que queremos es sanearla el fin no puede ser, únicamente anular las inscripciones, sino también castigar a los promotores y ejecutores.
 
Es imprescindible seguir trabajando en crear una conciencia en la ciudadanía, la democracia depende de todos nosotros al igual que el futuro de nuestra ciudad y departamento.  La democracia exige elegir candidatos honestos, transparentes y con visión de cambio, y esto solo se consigue si actuamos acorde con las reglas de la participación democrática.
 
Por mi parte seguiré promoviendo e impulsando unas buenas y legítimas prácticas electorales. Barranquilla y el Atlántico merecen unas elecciones transparentes y Gobernantes que nos mantengan en el camino del progreso.