En un país con ascendentes cifras en materia de desempleo, con un alto número de personas naturales y jurídicas en ley de insolvencia y otras en trámite de hacerlo, resulta apenas obvio un acuerdo de buena voluntad alrededor del pago oportuno de bienes y servicios para así garantizar la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas. Este es el objeto principal del controvertido proyecto de ley de pago a plazos justos que se encuentra en discusión en el Congreso y que ha generado enfrentamientos entre las tres grandes agremiaciones que representan al sector empresarial de Colombia: la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi).
El Proyecto de Ley 185 Senado “Por medio de la cual se adoptan normas de Pago en Plazos Justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación”, que se encuentra actualmente a la espera de su tercer debate en el Senado de la República, ha sido cuestionado por las grandes empresas quienes afirman que con esta propuesta se estaría restringiendo la libertad de empresa y la libre iniciativa privada, pero también ha sido defendido por Acopi quienes afirman que es indispensable su aprobación sin que se excluyan a las medianas empresas, las cuales representan hasta el 60% del mercado nacional.
Esta iniciativa impulsada por el Representante a la Cámara, Mauricio Toro, tiene como objetivo establecer un plazo de pago a 60 días y una transición de 3 años hasta llegar a los 45 días, cuya vigilancia y control estaría a cargo de la Superindustria, logrando así un plazo justo en el pago de las facturas que emiten los pequeños y medianos empresarios, quienes actualmente se ven perjudicadas por los abusos que se realizan con pagos en lapsos de hasta 160 días, lo que en muchas ocasiones las obliga a recurrir a prestaciones bancarias con altos intereses, para así poder cubrir los costos de sus operaciones y compromisos tributarios.
Hay que resaltar que esta figura no es nueva, en países como Chile, se aplicó con éxito La Ley de pagos a 30 días, la cual no distingue por tamaño, tipo de empresa o sector empresarial, permitiendo pagos en tiempos justos y regulando el no cumplimiento de los mismos. A diferencia de la Ley implementada en el país anterior, este Proyecto de Ley brinda una mayor flexibilidad en los pagos a los proveedores a sesenta días calendario y luego de cinco año de promulgada la ley, el pago máximo de las obligaciones de actos mercantiles se reduciría.
La posición de la Andi y Fenalco de solicitar que se archive este proyecto de ley es injusta, teniendo en cuenta que esta es una iniciativa que procura la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, y que además según los cálculos lograría un impacto positivo del orden del 0,3 % del PIB. Es natural que los grandes empresarios tengan distintos cuestionamientos e inquietudes acerca de esta propuesta pero la solución no está en desechar este camino sin debatir de manera adecuada sino buscar acuerdos que logren beneficios para todos.
Hay que buscar consensos desde todos los actores alrededor de esta propuesta, con el fin de concretar soluciones claras a una problemática que afecta la economía, y atender ese clamor de las pequeñas y medianas empresas, por ello invito a todos los gremios aquí representados a darle esa nueva oportunidad que merece este debate de pago a plazos justos para que entre todos contribuyamos a la construcción de una nueva ley que beneficie la sostenibilidad de los emprendedores colombianos.
