En varias oportunidades he denunciado numerosas irregularidades acerca del uso que se le ha dado al Cargo por Confiabilidad, figura creada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en el año 2006 como una remuneración anticipada que los colombianos pagamos a un agente generador para que en momentos críticos tengamos garantizado el suministro de energía eléctrica.  

Distintos informes de la Contraloría General de la República han confirmado que existe un vacío jurídico al no precisarse la obligación de las generadoras a invertir en activos que permitan la generación en épocas de escasez. Esta falta de precisión en la regulación es la causante de que el cargo por confiabilidad no cumpla su cometido, al no exigir la inversión de los recursos para su expansión, lo que les ha permitido utilizar estos dineros para el cubrimiento de sus gastos ordinarios y otros. 

Con el propósito de cambiar la naturaleza de los recursos del Cargo por Confiabilidad para que sea definida como de carácter público, he radicado en el Senado de la República, el Proyecto de Ley 146 de 2019 “Por medio del cual se dictan normas para asegurar la atención de la demanda de energía en condiciones críticas de abastecimiento”, nuestro objetivo es que se pueda garantizar su correcta ejecución y transparencia con la correspondiente vigilancia de los entes de control y de la Fiscalía General de la Nación.

Los recursos del Cargo por Confiabilidad al ser detraídos del bolsillo de todos los usuarios para el cumplimiento de una finalidad pública, son privados en su origen, pero públicos por destinación, por lo tanto, es el Estado el llamado a velar para que sean destinados a la finalidad pública para la cual fueron establecidos. No puede por tanto el Estado, sustraerse de su deber de controlar unos recursos cuya destinación está reglada.

Esta iniciativa busca que los colombianos podamos tener la certeza que ante cualquier condición crítica de abastecimiento, las generadoras eléctricas contarán con la capacidad de respaldo, garantizando a todos sus usuarios la confiabilidad en la prestación del servicio. También, que los recursos del Cargo por Confiabilidad estén bajo la vigilancia del Estado, para que se regule que estos sean únicamente destinados a mantener operativos los activos, todo aunado a una implementación constante y certera en materia de auditorías y control.

Como era de esperarse el proyecto de ley ya cuenta con varios detractores que han intentado desinformar acerca de su propósito por el miedo a que se supervise la ejecución de los recursos del cargo que al día de hoy supera los 25 billones de pesos. Quienes rechazan esta propuesta que busca transparencia y seguimiento en la ejecución de recursos, indudablemente públicos, son los interesados en que no se realice esta vigilancia: Por qué será? Es la pregunta que nos hacemos.

Este proyecto de ley se encuentra como primer punto para su discusión y votación en el orden del día de la Comisión Quinta del Senado, esperamos que se le realice el debate serio que merece y sea aprobado para que continue su tramite y pueda convertirse en la ley que asegure la confiabilidad en el sector eléctrico.