La ley de Regiones sancionada recientemente por el Presidente Iván Duque, se convierte a mi juicio en la primera gran victoria en el marco del viejo anhelo costeño de contar con herramientas legales para avanzar en el proceso descentralizador del que se viene hablando hace cien años. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que a partir de esta conquista vienen enormes desafíos para nosotros los congresistas, pero también para gobernadores, alcaldes, empresarios, la academia, medios de comunicación y ciudadanos en general.

Los datos revelados en el censo poblacional del Dane, entregan cifras que asustan sobre los índices de pobreza en el Caribe Colombiano que no pueden pasar desapercibidas sobre todo en momentos en que la migración venezolana contribuye aún más al deterioro socioeconómico de nuestra población.

Estimo que éste es sin duda el gran reto que debemos enfrentar unidos, sin mezquindades políticas y mucho menos egoísmos personales. La tarea entonces es pensar en grande con una adecuada planeación de proyectos de impacto como lo plantea la Ley de Regiones que, si bien nace sin recursos, nos permite articular esfuerzos para concretar la aplazada tarea de derrotar o disminuir la pobreza.

Para ser exitosos con este enorme desafío, es fundamental el desarrollo humano que nos garantice mejorar la calidad de vida en materia de saneamiento básico, salud, alimentación y vivienda. Departamentos como Guajira, Sucre, Magdalena, Bolívar y Cesar, son una clara realidad de las desigualdades sociales de nuestra región.

Los proyectos de infraestructura como las llamadas Autopistas de Cuarta Generación-4G, cuyos cronogramas están retrasados y algunos desfinanciados, deben ser prioritarios en nuestra agenda regional, exigiendo el impuso definitivo del Gobierno Nacional, sin acudir al Departamento de Excusas del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con el trasnochado pretexto “la olla raspada” que dejó el expresidente Santos. Es cierto que asistimos a un problema fiscal que no se puede ocultar, pero también es cierto que buena parte de esos contratos demandan ajustes para agilizar su construcción y evitar que la Nación incurra en sobrecostos exagerados por laxitud con los contratistas o descuido gubernamental.

Otro de los grandes problemas por resolver es la precaria infraestructura eléctrica con la que contamos con las deficiencias conocidas de una empresa como Electricaribe, agravadas con el fracasado modelo de intervención del que he hablado en múltiples y distintos escenarios pasados y el desalentador panorama que nos espera, porque muy a pesar de los esfuerzos del Presidente Iván Duque y su Ministra de Minas, María Fernanda Suárez, me temo que al final del camino no habrá operadores que se le midan a manejar el negocio. “La rifa del tigre” le he llamado anteriormente.

Esta profunda crisis eléctrica plantea otro desafío para los habitantes del Caribe Colombiano sobre la urgente necesidad de avanzar hacia nuevas fuentes de generación, cuyos desarrollos están previstos en la Ley de 1715 de 2014, reconociendo que el Presidente en sus manifestaciones públicas evidencia haber entendido que el país debe avanzar hacia la garantía de un servicio más amigable con el medio ambiente, más seguro, de mejor calidad y menos costoso.

La masificación de las energías renovables requiere un mayor compromiso del equipo de Ministros para extender sus beneficios por ejemplo a hospitales públicos, colegios y los nuevos proyectos de vivienda de interés social. Puedo advertir con total seguridad que varios de los macroproyectos de vivienda gratis que entregó el pasado gobierno, van camino al fracaso porque sus propietarios no tienen capacidad económica para pagar los servicios públicos.

Finalmente debo expresar mi preocupación por el desinterés que observo en muchos sectores alrededor de la Ley de Regiones, iniciativa a la que, desde la región caribe, debemos abrazar y respaldar para que su aplicación sea consecuente con las necesidades de casi 10 millones de habitantes costeños. Por eso celebro la convocatoria que nos está haciendo la Rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Claudia Da Cunha, para participar en el Décimo Foro del Caribe Colombiano, donde se examinarán los pendientes que tiene el Estado Colombiano con la Región y las soluciones a los problemas en el corto, mediano y largo plazo.